Volver a clases presenciales el 1 de agosto es poner en riesgo a los niñ@s y adolescentes.

El regreso a clases de manera presencial, el próximo 1º de agosto, de más de 1 millón de estudiantes, entre niños, niñas y adolescentes en Bogotá, es un riesgo que no debemos permitir, porque exponemos a los más vulnerables de contraer el COVID-19 y a ser vectores de propagación del virus para su entorno familiar, aseguró la concejal de Bogotá, María Clara Name.

Agregó que aunque se establezcan todos los protocolos, es una situación compleja y muy difícil para los padres de familia y docentes, aseguró la concejal Name Ramírez del Partido Alianza Verde.

Según la Secretaría de Educación, en Bogotá existen 2.191 Instituciones Educativas: 364  distritales, 35 con administración contratada, 10 de régimen especial, 1.753 privados, 22 con matrícula contratada y 7 privados con régimen especial, sin incluir los jardínes infantiles dependientes de la Secretaría de Integración Social.

Es por ello, que la Concejal indicó que “La Administración Distrital debe reconsiderar el modelo de alternancia, en lo relacionado con la presencialidad, porque en su mayoría los escolares utilizan el transporte público, y eso va a impactar significativamente la capacidad establecida para utilizar el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, en plena pandemia, hasta el punto de saturarlo”.

Ante tal situación que se avecina no sólo para Bogotá sino para todo el país,  el Senador Iván Name Vásquez, hizo un llamado urgente al Gobierno, y al Ministerio de Educación para que de manera conjunta con el Ministerio de las TIC, contemplen la posibilidad de suspender el regreso a clases presenciales, y abran un espacio de diálogo y de concertación con los padres de familia y la comunidad educativa para crear el mejor escenario posible para los niños, niñas y adolescentes.

De otro lado, La cabildante citó a debate de control político al Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñan para que respondiera las diferentes inquietudes de tipo constitucional y legal que se relacionan con la reactivación de las Cámaras Salvavidas.

Es de recordar que el Sistema de “Cámaras Salvavidas” que detecta infracciones de tránsito e impone comparendos sancionatorios empezó a regir en el Distrito a partir del 25 de mayo, a pesar del fallo del Alto Tribunal que declaró inconstitucional la responsabilidad solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo por las infracciones detectadas por medios tecnológicos de fotomultas.

“ciertamente debemos proteger la vida de las personas que se movilizan en los distintos medios de transporte, pero como Concejales de Bogotá,  estamos llamados a ejercer el control político cuando las decisiones de la Administración, se aparta o contraría las disposiciones constitucionales y legales que regula el ejercicio de sus funciones”, puntualizó.

“Queremos conocer las razones jurídicas que motivaron a la Secretaría de Movilidad reactivar la imposición de comparendos mediante sistemas o medios tecnológicos, cuando no ha sido reglamentado por el Congreso de la República”, puntualizó la Cabildante.