Violencia sin balas: el discurso agresivo es hoy la mayor amenaza electoral

Cuando faltan pocos meses para las elecciones de 2026, un cambio profundo parece marcar el pulso del ambiente político en Colombia: ya no son sólo las armas las que aterran a los candidatos. Las palabras los discursos, los mensajes de odio, la violencia verbal y digital se perfilan como la amenaza más latente para quienes aspiran a un cargo público.

Un sondeo reciente realizado por el Senado de la República de Colombia indica que el 39 % de los consultados identifica los mensajes de odio como la mayor amenaza para los candidatos, por encima del temor tradicional hacia grupos ilegales o la violencia física.

Pero el dato más contundente es uno: más de la mitad de los encuestados 56 % considera que hacer campaña hoy entraña un riesgo real.

Este cambio de enfoque no sólo revela miedo, sino una transformación en la percepción ciudadana sobre la violencia política: ya no basta proteger con blindaje o escoltas; la contienda también se libra en el plano simbólico, en el debate, en las redes, en las palabras.

Interrogados sobre qué medidas debería priorizar el Estado, los ciudadanos no optaron por incrementar la seguridad física: apenas un 10 % apoyó la idea de más escoltas o vehículos blindados.

En cambio, una mayoría significativa del 62 % reclamó acciones para atajar la violencia política desde su raíz: pidió un retorno al debate de ideas, y no una escalada de ataques verbales o simbólicos.

Ese clamor popular coincide con la voz de líderes del Congreso. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, hizo un llamado a “bajarle el tono a la confrontación”, argumentando que proteger la democracia empieza por darle prioridad al respeto y al diálogo.

Para muchos analistas, lo que ocurre hoy es parte de una tendencia más amplia: la transformación del conflicto político, donde no sólo pesan las armas, sino las narrativas, los discursos polarizados y la desinformación elementos que amplifican el miedo, erosionan la confianza y vulneran la democracia. En ese contexto, los agravios verbales y digitales funcionan como armas que exacerban la polarización.

En Colombia, donde ya se han registrado casos recientes de ataques armados contra candidatos y congresistas, este tipo de “violencia simbólica” pone en evidencia que la contienda electoral transciende el cuerpo para apuntar a la reputación, a la credibilidad y a la legitimidad.

El sondeo del Senado no sólo diagnostica un problema: también señala el camino que los ciudadanos aspiran ver transitado. Más allá del miedo y del riesgo, hay una exigencia explícita: que la campaña sea un espacio de ideas, debate y propuestas; no un campo de batalla de insultos, hostigamientos o violencia simbólica.

Ese llamado resuena fuerte en un contexto de polarización creciente, crisis de confianza institucional y amenazas, tanto reales como simbólicas, contra quienes se atreven a hacer política. La invitación es clara: que las palabras regresen a su función civilizadora, y no al uso de armas.

Paola Martínez Burgos