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La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 011-2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el centro y norte del Valle del Cauca, ante una “escalada violenta” protagonizada por cuatro grupos armados ilegales que se disputan el control de corredores estratégicos como el Cañón de Garrapatas. El organismo advierte sobre un “riesgo inminente” de violaciones a los derechos humanos, desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones graves a comunidades rurales, indígenas y urbanas.
Según el informe, en la zona confluyen el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central y el grupo Rastrojos Nueva Generación. Estas estructuras armadas se enfrentan por el dominio de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y otras economías ilícitas. “Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados”, señala la Defensoría.
La alerta muestra tres dinámicas principales de confrontación: la disputa entre el Frente Jaime Martínez y el EGC por el acceso al Cañón de Garrapatas; los enfrentamientos entre los Rastrojos Nueva Generación y el EGC en zonas rurales de Trujillo y Bolívar; y el posible avance del Frente Jaime Martínez hacia La Sonora (Trujillo) y Naranjal (Bolívar). Esto podría llegar a consolidar alianzas temporales o choques directos con el ELN.
El impacto a la población civil es grave y diferenciado. “Se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales”, advierte el documento. También se reportan amenazas específicas contra mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes, quienes enfrentan riesgos de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de los grupos armados.
En términos territoriales, la Defensoría detalla que en Riofrío hay riesgo en la cabecera municipal y dos corregimientos; en Bolívar, en nueve corregimientos y un resguardo indígena; y en Trujillo, en diez corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas. Estas zonas presentan alta vulnerabilidad por su ubicación geográfica, limitada presencia institucional y antecedentes de violencia armada.
El organismo solicita al Estado colombiano activar de forma urgente la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), liderada por el Ministerio del Interior. También recomienda al Ministerio de Defensa reforzar el control territorial con patrullajes permanentes en las zonas más afectadas, y a la Fiscalía General priorizar las investigaciones penales contra los responsables de los hechos violentos. “La población ha quedado en medio de las confrontaciones armadas, pero también en los campos minados que son instalados por los ilegales”, advierte la entidad.
La alerta se emite en un contexto de creciente inseguridad en el Valle del Cauca, marcado por hechos como el atentado con cilindros bomba cerca de la Base Aérea de Cali, considerado uno de los más graves durante este gobierno. Con este llamado, la Defensoría busca que se activen las rutas de respuesta institucional antes de que la violencia se extienda a otros municipios de la región. “La situación exige una acción articulada, sostenida y urgente del Estado colombiano”, concluye el informe.
Juan Joya




