¿Qué rol juega la presencia de economías ilegales en la continuidad del control de grupos armados sobre ciertas regiones?
En la madrugada de este viernes 25 de abril, el municipio de Simití, al sur de Bolívar, fue escenario de un nuevo hecho de violencia que ha conmocionado a su comunidad y al país. Un atentado armado dirigido contra la Policía Nacional dejó como saldo dos uniformados fallecidos y otro más herido. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los hechos y dar con los responsables de este ataque, que se suma a una serie de actos violentos registrados en la región.
De acuerdo con información preliminar, el ataque fue perpetrado por un grupo de criminales que se movilizaban en una lancha por el caudal del río Magdalena. Los agresores abrieron fuego contra los agentes que se encontraban en las inmediaciones de la estación de Policía de Simití, generando pánico entre los habitantes del sector. Las víctimas fatales fueron identificadas como el patrullero Edwin Agustín Feria, de 41 años, y la patrullera Belén Karina Durán, de 23 años. Ambos perdieron la vida mientras cumplían con su deber. El tercer uniformado, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo observación.
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Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Simití y el comandante de Policía del departamento convocaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar acciones que permitan garantizar la tranquilidad en la zona. Las autoridades no descartan la participación de grupos armados ilegales que operan en la región, históricamente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico. Esta hipótesis refuerza la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de seguridad y justicia.
El brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, condenó enérgicamente el atentado y expresó su solidaridad con las familias de los patrulleros fallecidos:
“Toda nuestra solidaridad hacia sus respetadas familias, con el compromiso institucional de dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a disposición de la justicia. Con tal propósito ordenamos el traslado a la zona de un equipo especial de investigación criminal e inteligencia y hemos dispuesto una recompensa de hasta $200 millones”, afirmó el general Triana.
Asimismo, señaló que estos actos violentos son “acciones desesperadas de grupos criminales”, como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias, en respuesta a los golpes propinados por la Fuerza Pública. “Con el apoyo de todo el pueblo colombiano los doblegaremos”, agregó.
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Este atentado en Simití se produjo pocas horas después de otro ataque armado contra la Policía en Cartagena, específicamente en el barrio El Líbano. En este caso, un uniformado fue atacado a tiros mientras se movilizaba en una patrulla junto a otro agente. Según el reporte oficial, el ataque ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche del jueves 24 de abril, cuando dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra los agentes. El conductor del vehículo resultó herido y perdió el control de la patrulla, que terminó estrellándose contra la fachada de una vivienda. El uniformado herido fue trasladado a un centro hospitalario, donde recibe atención médica, mientras que los responsables lograron darse a la fuga. Las autoridades han ofrecido una recompensa de $100 millones por información que permita capturarlos.
La violencia contra miembros de la Fuerza Pública no se limita a Bolívar. En Córdoba, el jueves 24 de abril, otro policía fue asesinado en el corregimiento Los Palmitos, zona rural del municipio de Ciénaga de Oro. En el mismo departamento, también se registró el asesinato del soldado José Francisco Espitia, mientras que en Segovia, Antioquia, un francotirador acabó con la vida del soldado Luis Carlos Vargas Gutiérrez. Según las autoridades, detrás de estos ataques estaría el Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más activos en el país.
Los recientes actos de violencia registrados en distintas regiones de Colombia reflejan los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y el poder que ejerce el crimen organizado. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para conocer los detalles de los ataques y capturar a los responsables, mientras se aplican medidas destinadas a garantizar la estabilidad y el orden en las áreas afectadas.
JUAN JOYA