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19 septiembre, 2025En diálogo exclusivo con Colmundo Radio, la vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), Rosa María Mateus, fue categórica al rechazar la posibilidad de retomar el uso del glifosato en Colombia, ya sea mediante aspersiones aéreas o erradicación terrestre. La abogada cuestionó tanto la propuesta del Gobierno Nacional como las presiones externas que buscan justificar la reactivación de esta práctica.
Mateus advirtió que la aspersión con glifosato no solo es ineficaz en la lucha contra los cultivos ilícitos, sino que ha generado consecuencias graves y duraderas:
“Estamos en absoluto desacuerdo con quienes señalan que el glifosato ha funcionado. Nunca ha sido efectivo y lo que ha dejado en cambio son daños a la salud, al ambiente y el desplazamiento de la frontera agrícola. No podemos cometer el mismo error del pasado”, afirmó.
La abogada recordó que múltiples estudios académicos y organismos nacionales e internacionales han documentado que el herbicida provoca abortos involuntarios, enfermedades crónicas y contaminación del agua y del suelo en zonas rurales.
La vicepresidenta del Cajar también hizo énfasis en los fallos judiciales que restringen la aspersión aérea: “Desde 2015 están suspendidas por decisión de la Corte Constitucional, que comprobó las graves afectaciones a la salud y al ambiente. La Corte advirtió que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y ordenó cumplir principios de precaución y consulta previa”, explicó.

Mateus cuestionó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre revisar esas sentencias:“Es un grave error. Son decisiones de la Corte Constitucional basadas en pruebas científicas que advierten el carácter probablemente cancerígeno del glifosato”.
Para la jurista, la insistencia en las aspersiones y la erradicación forzada desconoce la raíz del problema:“El narcotráfico sigue funcionando como un sistema político y económico que no se ha desmontado. La persecución no debe centrarse en el eslabón más débil, que son los cultivadores y consumidores, sino en los grandes actores de la cadena”.
Asimismo, recordó que el campesinado cumplió con los programas de sustitución pactados en el Acuerdo de Paz, pero fue el Estado el que incumplió, debilitando la confianza en las comunidades y dejándolas expuestas al control de grupos armados.
Desde el Cajar, la postura es clara: el camino no es retomar las fumigaciones, sino cumplir los compromisos pendientes en materia de sustitución de cultivos, desarrollo rural y paz territorial.
“El glifosato envenena la tierra y el agua. La salida es avanzar en políticas que respeten los derechos humanos, consolidar alternativas económicas sostenibles y garantizar una paz con justicia social. Colombia no puede repetir los errores del pasado”, concluyó Mateus.
La advertencia coincide con la preocupación de organizaciones sociales y ambientales que ven en la reactivación del glifosato no solo una amenaza para las comunidades, sino un retroceso en los compromisos adquiridos tras décadas de conflicto y negociación.
Paola Martínez Burgos




