Uso del espacio público en Bogotá: un debate abierto sobre informalidad y política pública

El uso y aprovechamiento del espacio público en Bogotá volvió al centro del debate político, tras cuestionamientos sobre la manera en que el Distrito gestiona la presencia de vendedores informales en calles y plazas de la ciudad. La discusión evidencia tensiones entre las políticas de recuperación del espacio público y la realidad social de miles de personas que dependen de estas actividades para subsistir.

De acuerdo con cifras del Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá se han identificado 95.658 personas dedicadas a la venta informal, una actividad que se concentra principalmente en localidades como Santa Fe, Kennedy, San Cristóbal, Los Mártires y Chapinero.

Los datos muestran además que la mayoría de esta población enfrenta condiciones de vulnerabilidad social:

52,1 % son mujeres,
33,9 % son adultos mayores,
y 18,2 % se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.

Este panorama refleja las dificultades de amplios sectores de la población para acceder al empleo formal y a derechos como la seguridad social o un trabajo digno, lo que ha impulsado el crecimiento de economías populares y actividades informales en el espacio público.

Uno de los puntos más críticos del debate es la efectividad de las alternativas institucionales ofrecidas a los vendedores informales. El portafolio del IPES incluye opciones como puntos comerciales, quioscos, ferias y mobiliarios semiestacionarios, además de cursos y acompañamientos.

Sin embargo, las cifras evidencian una baja acogida. En los últimos dos años solo 250 trabajadores informales han accedido a estas alternativas, lo que pone en duda la cobertura y pertinencia de estos programas frente a la magnitud del fenómeno. Incluso, el número de contratos para puntos comerciales ha disminuido considerablemente: mientras en 2023 se registraron 166 contratos en ejecución, en 2024 la cifra cayó a 19 y en 2025 apenas llegó a 15.

Otro aspecto cuestionado es el enfoque adoptado por la administración distrital. Según los registros, durante el segundo semestre de 2025 se realizaron 3.915 operativos de inspección, vigilancia y control en el espacio público, frente a un número reducido de espacios de concertación con los vendedores. En ese mismo periodo se realizaron 92 mesas de trabajo institucionales, mientras que el IPES reportó apenas nueve mesas de diálogo directo con vendedores informales en los últimos meses del año.

Para algunos sectores políticos, estas cifras evidencian que la estrategia distrital ha priorizado los operativos de control sobre los procesos de diálogo y concertación con quienes dependen del comercio informal.

El debate también pone sobre la mesa un problema estructural del mercado laboral colombiano: los altos niveles de informalidad. Muchos de quienes trabajan en el espacio público no cuentan con registro mercantil, contabilidad formal ni cotización regular a salud y pensión, lo que dificulta su transición hacia la formalidad en las condiciones actuales.

En este contexto, los concejales han señalado la necesidad de revisar las políticas de aprovechamiento del espacio público, fortalecer el diálogo con la economía popular y diseñar alternativas que respondan a las realidades sociales de quienes dependen de estas actividades.

Así, el debate sobre el uso del espacio público no solo se relaciona con el orden urbano, sino también con problemas de empleo, desigualdad y acceso a oportunidades, que continúan marcando la agenda pública de la capital.

Paola Martínez Burgos