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Este viernes 17 de mayo, el expresidente Álvaro Uribe tendrá la audiencia en que la Fiscalía General de la Nación lo acusará por su presunta responsabilidad en sobornos a testigos y fraude procesal.
Antes de la audiencia, Uribe compartió un comunicado al país, titulado ‘pruebas del montaje, parece que las garantías no se aplican para mí”. En el documento de cuatro páginas, el exmandatario expuso 23 puntos en su defensa, con el propósito de demostrar su inocencia.
Inicialmente, el político expresó que a sus abogados se les negó “la existencia del proceso”, sin embargo, ya estaba el rumor de que tenían “todo listo” para meterlo a la cárcel. “Era la campaña electoral de 2018. Me comunicaron el proceso llamándome a indagatoria. No me permitieron versión libre”, añadió.
Posteriormente, “el 4 de agosto de 2020, veinticinco meses después de llamarme a indagatoria y once meses después de haberla realizado, me negaron la presunción de inocencia, el derecho de defenderme en libertad. Si no conocían o no creían en mis antecedentes de persona de bien, por lo menos debieron observar mi comportamiento durante esos veinticinco meses”, explicó Uribe.
Asimismo, resalta que él no ha sido un peligro para la sociedad y tampoco ha evadido a la justicia, ni ha hecho cosas que lo entorpezcan. Además, aseguró que lo interceptaron ilegalmente. “Desde la Corte Suprema ordenaron interceptar el teléfono del representante Nilton Córdoba pero pasaron mi número. Cuando les avisaron del error contestaron que siguieran oyéndome. Cuando me desconectaron, para enmendar el error, ya habían transcurrido 32 días”, agregó.
En este sentido, Álvaro Uribe destacó que debido a su campaña presidencial tuvo muchas comunicaciones telefónicas y fue “víctima de más de veinte mil interceptaciones”, por lo que su intimidad fue violada.
En el siguiente punto, manifestó que en ese entonces interpuso una denuncia contra el senador Iván Cepeda, quien explicó que su cercanía a la Farc se debía a un proceso de búsqueda de paz, pero lo absolvieron, mientras que a él lo quieren llevar a la cárcel.
“Lo denunciamos en 2011 y 2014 por sus visitas a presos para ofrecer beneficios a fin de vincular a mi hermano y a mí con paramilitares. Ha utilizado los Derechos Humanos para encubrir estas acciones ilegales. Corrió el tiempo desde 2011. Solamente en víspera de la elección parlamentaria de 2018 los magistrados lo favorecieron con un inhibitorio y me denunciaron por soborno de testigos y fraude procesal”, continúa el relato en el documento.
En el punto 19, el exjefe de Estado afirmó que sus “antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales, uno de ellos cercanos a la Farc, y otros colaboradores directos, o indirectos, cubiertos por la cautivante palabra paz, usada para prorrogar el terrorismo a través de la indulgencia de impunidad absoluta”.
Igualmente, expresó su dolor e indignación de que el magistrado Álvaro Hernán Prada esté siendo señalado de ser cómplice, por presuntamente sobornar al recluso Juan Guillermo Monsalve.
Igualmente, resalta que nunca ha engañado a la justicia, ya que solicitó que todos los elementos recaudados se adjuntaran a la Corte, sin que fueran seleccionados ni modificados. “Mi vida pública no conoce la mentira. Quienes recuerdan los gobiernos que presidí, saben que reconocía errores, que asumía responsabilidades, que delegaba éxitos”.
Finalmente, el expresidente señala que el inicio de su caso se debe a un grupo de administradores de justicia, que desconocen y son opuestos a su carrera pública, y que son “influenciados por la caricatura que exponen mis adversarios, operadores de justicia que ignoran o desconocen mi sentido de Honor Patrio”.
Dayineth Molina Velásquez
