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En medio de la creciente tensión política que se vive en Colombia a pocas semanas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) se ha pronunciado sobre las acusaciones de posible fraude planteadas por el presidente Gustavo Petro, aclarando que, por ahora, no dará valor oficial a esas denuncias y concentrará su trabajo en la vigilancia técnica del proceso electoral.
La misión, compuesta por más de 120 observadores distribuidos en todo el país, inició su despliegue con el objetivo de monitorear cada fase del calendario electoral, desde los preparativos previos hasta los diversos momentos de votación, incluyendo posibles segundas vueltas. Los veedores se reunirán con candidatos y autoridades electorales para conocer inquietudes y recopilar información de manera directa sobre el desarrollo del proceso democrático.
José Antonio De Gabriel, vocero de la misión europea, enfatizó que, si bien la presencia internacional busca garantizar la transparencia y la credibilidad de los comicios, no es el momento para evaluar las quejas presentadas por Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. “Acabamos de llegar, tenemos que asentarnos, recopilar información… este es un proceso colombiano”, señaló De Gabriel, subrayando el principio de no injerencia que orienta la labor de los observadores.
De acuerdo con la misión, cualquier valoración exhaustiva sobre alegaciones de fraude o falta de transparencia se realizará después de cada jornada electoral, cuando se cuente con documentación y análisis detallados de lo observado en territorio.
Las declaraciones del presidente Petro sobre posibles riesgos de fraude se han intensificado en los últimos meses, en medio de cuestionamientos a decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Petro ha sugerido, por ejemplo, que la participación de empresas vinculadas a contratos electorales podría permitir vulnerabilidades en la logística del voto y ha solicitado investigaciones por posibles prácticas que comprometan la transparencia del sistema electoral.
Además, el mandatario ha vinculado estas denuncias con decisiones recientes del CNE que, según él, afectarían al movimiento político oficialista Pacto Histórico, en especial por la inscripción de listas de candidatos y procesos internos que han generado controversia legal y política.
La respuesta de la UE se da en un contexto marcado por alertas de riesgo sobre violencia política y fraudes en zonas específicas del país, donde organizaciones nacionales advierten sobre amenazas a la libre participación ciudadana y posibles prácticas irregulares que pudieran influir en los resultados electorales.
Mientras los observadores europeos inician su labor sin entrar a validar las quejas del Gobierno, diversos sectores políticos y sociales en Colombia intensifican el debate sobre la transparencia y legitimidad del proceso, cuyo resultado definirá no solo la conformación del Congreso, sino también quién será el próximo presidente del país a partir de 2026.
Paola Andrea Martínez Burgos
