La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció que estudiará los casos de los proveedores de maquinaria amarilla y carrotanques que reclaman pagos pendientes. Esta decisión fue tomada luego de que un grupo de empresas contratistas protestara frente a la sede de la entidad, exigiendo el cumplimiento de los contratos relacionados con el suministro de agua durante la temporada del fenómeno de El Niño.
Según las empresas afectadas, la deuda acumulada por la UNGRD asciende a más de 220 mil millones de pesos, correspondiente a servicios prestados bajo la administración del exdirector Olmedo López. El representante legal de una de las principales empresas contratistas, Juan Fresneda, declaró que el contrato involucraba a 150 vehículos desplegados en diferentes zonas del país para garantizar el acceso al agua en comunidades afectadas por la sequía durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2024.
“Cuando nosotros prestamos el servicio a la entidad, quien nos contactó fue Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo, a través de las empresas Maquisabana, Proyecta y Ricadel”, explicó Fresneda en una entrevista con RCN Radio. Añadió que, desde la prestación de los servicios, han intentado en repetidas ocasiones comunicarse con la nueva administración de la entidad, dirigida actualmente por Carlos Carrillo, pero no han recibido ninguna respuesta.
Las empresas contratistas han expresado su frustración ante la falta de comunicación por parte de la nueva dirección de la UNGRD. Según Fresneda, han enviado correos electrónicos, realizado llamadas y presentado solicitudes formales para resolver el problema de los pagos pendientes, pero sus esfuerzos han sido ignorados.
“Es desesperante. Nosotros cumplimos con nuestra parte del contrato, ayudando a miles de personas a tener acceso a agua potable durante una de las temporadas más difíciles del año, y ahora nos encontramos en una situación crítica porque no hemos recibido el pago acordado”, comentó un empresario participante en la protesta.
Además, revelaron que la contratación de estos servicios estuvo bajo la supervisión del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quien gestionó los acuerdos a través de las mencionadas empresas Maquisabana, Proyecta y Ricadel.
La falta de respuesta por parte del actual director, Carlos Carrillo, ha generado incertidumbre y malestar entre los contratistas, quienes exigen una solución inmediata a la situación. La deuda, que ya supera los 220 mil millones de pesos, no solo afecta a las empresas contratistas, sino también a sus empleados y a las comunidades que dependen de estos servicios.
Las compañías han advertido que, de no resolverse pronto este conflicto, podrían verse obligadas a tomar medidas legales más severas, lo que podría derivar en un proceso judicial prolongado que afectaría aún más la capacidad de respuesta del país ante emergencias climáticas como el fenómeno de El Niño.
Finalmente, las empresas contratistas señalaron que continuarán con las protestas frente a la entidad hasta que se logre un acuerdo o, al menos, se establezca un canal de comunicación con la actual administración. Los manifestantes esperan que el gobierno intervenga para asegurar que los compromisos adquiridos sean respetados y que las empresas puedan seguir operando sin la amenaza de la quiebra.
Humberto ‘Toto’ Torres