¿Una reforma sin Congreso?”: Herman Redondo cuestiona legalidad del Decreto 0858

¿Puede el Estado asumir el rol de las EPS sin colapsar el sistema? El documento plantea una transformación profunda que, según Redondo, requiere más que voluntad política.

En entrevista con el informativo digital de Colmundo Radio, el doctor Herman Redondo Gómez, médico y expresidente del Tribunal Nacional de Ética Médica, analizó los alcances y riesgos del Decreto 0858 de 2025, expedido por el Gobierno Petro para implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. La conversación se desarrolló en medio del revuelo político que ha suscitado esta medida, considerada por muchos como una reforma anticipada sin aval legislativo.

Redondo inició reconociendo que “en principio tienen toda la competencia para hacerlo, siempre y cuando el contenido del decreto sea dentro del marco legal vigente”, refiriéndose a las leyes 1438 de 2011, 1122 de 2007 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015. No obstante, advirtió que “podría haber controversia en lo que se refiere al cambio de rol de las EPS específicamente, porque eso de pronto sí tenga que ser hecho a través de una ley”, en alusión al proyecto de ley 410 que aún se debate en el Congreso.

El decreto reorganiza el sistema de salud colombiano con base en tres pilares: prevención, predicción y resolución. Según el Ministerio de Salud, busca fortalecer la atención primaria, reorganizar los servicios en redes territoriales (RIITS), y formalizar el talento humano. Sin embargo, Redondo cuestionó la viabilidad operativa del modelo en un país con profundas desigualdades. “El enfoque es loable, pero si con la misma plata se pretende hacer más acciones, todas muy buenas, sería muy difícil. Nos puede pasar lo que llamamos el síndrome de la cobija corta: si me tapo la cara, destapo los pies”, dijo.

Uno de los puntos más sensibles es la transferencia de poder a alcaldes y gobernadores, quienes asumirán la coordinación de los Equipos de Salud Territorial y los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Redondo reconoció que “al hacer eso, necesariamente se tiene que contar con alcaldes y gobernadores, y eso es un riesgo que ha sido señalado en el debate: que se politice y se utilicen los recursos”. Para mitigar ese riesgo, insistió en que “los organismos de inspección, vigilancia y control tienen que ser fortalecidos para evitar que eso suceda”.

Respecto al financiamiento, el decreto establece que los recursos provendrán del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Presupuesto General de la Nación, regalías y cooperación internacional. Sin embargo, Redondo fue enfático: “No está claro de dónde van a salir los recursos para la formalización del talento humano. Incorporar trabajadores a las plantas de personal implica recursos, y no pocos. Ojalá se pueda hacer, pero no está preciso la fuente financiera para lograrlo”.

Consultado sobre si el decreto podría afectar el derecho fundamental a la salud, el médico respondió que “no diría que lo afecte, porque precisamente el decreto lo que busca es garantizarlo”. Sin embargo, advirtió que “el propósito sea loable, pero que no se cumpla por falta de recursos económicos. Eso ha pasado muchas veces. La ley estatutaria en salud está supremamente bien formulada y no se ha podido desarrollar por falta de recursos”.

En su reflexión final, Redondo insistió en que “lo que nosotros queremos es que las normas legales vigentes se cumplan. La ley estatutaria de salud nació en la Academia Nacional de Medicina y se aprobó después de un extenso debate en el Congreso, pero no se ha aplicado. Si no se acompaña de los recursos necesarios, pudiera quedarse como una formulación positiva que no se cumple en la práctica”.

Aunque el Decreto 0858 busca avanzar hacia un sistema más equitativo y centrado en la atención primaria, su implementación enfrenta desafíos estructurales que podrían llegar a comprometer su efectividad. El debate sobre su legalidad, operatividad y sostenibilidad sigue abierta, mientras el país se adentra en una transición que redefine el futuro de la salud pública.

JUAN JOYA