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El pasado 22 de octubre, en el departamento de Santa Cruz, distintos segmentos sociales, económicos y políticos dieron inicio a una huelga que evidenció la polarización y la división que vive el país, escenario de una serie de manifestaciones para exigir al presidente Luis Arce adelantar la realización del censo de población para el 2023, que se había proyectado para marzo de 2024.
Cambio en la fecha oficial del censo
El censo que provocó la incomodidad, debía actualizar la cantidad de habitantes del departamento de Santa Cruz, para así, ampliar los recursos económicos que reciben del Gobierno central, como también la representación en el Parlamento boliviano.
Según lo consignado en la ley de Bolivia, el censo poblacional y de vivienda se debe llevar a cabo cada 10 años. En el 2012 fue hecho el último, por lo cual los manifestantes criticaron la decisión del presidente Arce de realizar el censo hasta el 2024.
Un departamento que recibe menos de lo que produce
El departamento de Santa Cruz es considerado el centro comercial de Bolivia; además, es el que más aporta al PIB en el país por su industria agropecuaria, forestal, hidrocarburos y minera.
Las continuas jornadas de protesta se han destacado por el bloqueo de las vías más importantes de Santa Cruz de la Sierra, considerada el principal núcleo urbano con 2.3 millones de habitantes, es además la capital del departamento
Ante la dilatación, los huelguistas, analistas y otros señalan de la responsabilidad de todo lo que repercuta al presidente Arce. Dentro de las exigencias legales que sirven de argumento, están los decretos firmados, que respaldan la medida de hacer el censo en las fechas establecidas.
José Carlos Gutiérrez, diputado de CREEMOS, de la coalición de oposición indicó: “El retraso en el censo beneficia al Gobierno Central, puesto que el gobierno centralista maneja los recursos y quiere evitar que a se haga una redistribución parlamentaria y de los recursos en Bolivia, evitando beneficiar a Santa Cruz”.
Una bandera política
Sobre las reuniones y los intentos de mesas de diálogo para solucionar, la diputada Daisy Choque dijo: “Desde un principio ha habido falta de voluntad de poder buscar consensos y soluciones para evitar el paro cívico”.
Pese a la convocatoria que se hizo a los 9 representantes a las mesas, el departamento de Santa Cruz no tuvo su representante, es decir el gobernador no estuvo presente, quien es el encargado de dar puntos de vista y defender al departamento no, así lo indicó Daisy Choque.
Por parte de representantes políticos, se habla de la represión y la persecución, incluso de que el censo es un abandera política.
Humberto ‘Toto’ Torres
