“Un incremento populista y demagógico”: Fenalco rechaza alza del salario mínimo fijada por el Gobierno 

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado por decreto en 2.000.000 de pesos incluyendo el auxilio de transporte, desató una fuerte reacción del sector empresarial tras el fracaso de la mesa de concertación entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Gremios como Fenalco rechazaron el incremento cercano al 23 % y señalaron que la decisión se tomó sin un verdadero proceso de diálogo, pese a los llamados a la concertación.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, cuestionó el anuncio del presidente Gustavo Petro y afirmó que la determinación responde más a cálculos políticos que a criterios técnicos o económicos. Según el dirigente gremial, el monto del aumento ya estaba definido desde antes de iniciar las conversaciones, lo que, a su juicio, desnaturalizó por completo el proceso de negociación y dejó sin efecto la participación de los sectores convocados.

En entrevista con Recap Blu, Cabal sostuvo que la mesa de concertación fue apenas una simulación, pues desde meses atrás voceros del Gobierno venían anticipando el porcentaje del incremento. En ese contexto, señaló que se indujo a empresarios y trabajadores a participar en un escenario que no ofrecía una discusión real sobre las condiciones económicas del país ni sobre la viabilidad del ajuste salarial.

Para Fenalco, el incremento decretado no se traducirá en una mejora efectiva del poder adquisitivo de los trabajadores, como lo plantea el Ejecutivo. El gremio advirtió que numerosos bienes, servicios y trámites están indexados al salario mínimo, entre ellos multas, costos en salud, vivienda de interés social y servicios públicos, lo que provocaría alzas generalizadas que terminarían neutralizando cualquier beneficio y presionando aún más la inflación.

Otro de los principales reparos tiene que ver con el impacto sobre el empleo formal, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 93 % del tejido empresarial del país. Cabal alertó que muchas de estas compañías no están en capacidad de asumir el aumento de los costos laborales, lo que podría traducirse en despidos, menor generación de empleo y un crecimiento acelerado de la informalidad.

Desde la perspectiva del gremio, los trabajadores serían los primeros afectados por una medida insostenible en el tiempo, ya que, aunque el aumento pueda generar respaldo político en el corto plazo, no garantiza estabilidad laboral ni condiciones duraderas para el empleo. Fenalco insistió en que el ajuste responde a una estrategia para ganar apoyo electoral de cara a 2026, pero carece de una base económica sólida.

El gremio también puso sobre la mesa el impacto fiscal de la decisión, al estimar que el incremento del salario mínimo tendría un costo cercano a los 9,2 billones de pesos para las finanzas públicas, debido a que múltiples salarios y obligaciones del Estado están atados a este indicador. Cabal cuestionó que el Gobierno adopte esta medida en medio de un déficit fiscal y tras haber declarado una emergencia económica por el desfinanciamiento del presupuesto.

Finalmente, Fenalco reiteró que no existían razones técnicas ni económicas que justificaran un aumento de esta magnitud y defendió su decisión de no continuar en la mesa de concertación. A juicio del gremio, el Gobierno priorizó un enfoque ideológico y electoral sobre la sostenibilidad económica, una apuesta que, advirtió, podría dejar efectos negativos de largo plazo sobre el empleo, las empresas y la estabilidad del país.

Humberto ‘Toto’ Torres