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25 octubre, 2025En un comunicado de alta importancia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se refirió a la posible inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano en la lista OFAC de Estados Unidos. La entidad rechazó enfáticamente la medida, señalando que esta “viola el debido proceso” y procedió a detallar una serie de argumentos que desmienten, según su perspectiva, las posibles acusaciones.
Frente a las supuestas investigaciones por delitos como lavado de activos, la UIAF fue categórica al afirmar que “no se ha recibido requerimiento alguno por parte de autoridades judiciales nacionales”. Esto incluye a la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, así como de autoridades de otros países, para elaborar informes de inteligencia financiera sobre el presidente, la primera dama, Verónica Alcocer, o su hijo, Nicolás Petro Burgos, por los delitos mencionados. De igual manera, indicaron que los bancos no han reportado operaciones sospechosas que vinculen al mandatario o a su esposa con estas actividades ilícitas.
Respecto al hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, el organismo financiero explicó que se realizaron búsquedas específicas en sus bases de datos. El resultado de la indagación fue que “no se hallaron vínculos que lo relacionen con actividades relacionadas al narcotráfico”, según el comunicado oficial.
El caso del Ministro del Interior, Armando Benedetti, presenta una diferencia crucial: la UIAF sí ha recibido un requerimiento de una autoridad judicial. Sin embargo, aclaran que el informe generado por la Unidad no lo vincula con los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas, por lo que corresponde a la instancia judicial correspondiente valorar la información.
La UIAF enfatizó que la inclusión en la lista OFAC es una “medida administrativa unilateral y discrecional, basada en un criterio político sin soporte probatorio”. Subrayaron que esta decisión del gobierno estadounidense no representa una condena judicial ni equivale a una responsabilidad penal, buscando deslindar el ámbito administrativo del judicial.
Para respaldar su gestión, la entidad contrastó las cifras de lucha contra el crimen financiero. Destacaron que durante el gobierno actual se han difundido 999 productos de inteligencia financiera, con un valor estimado de 169,73 billones de pesos, una cifra que supera ampliamente los $51,1 billones registrados en la administración anterior.
Finalmente, sobre la suspensión temporal de Colombia en la Red Segura del Grupo Egmont, la UIAF aclaró que el país sigue siendo miembro pleno. La entidad asegura contar con “un mecanismo alternativo que garantiza la continuidad en el intercambio seguro de información” con las más de 170 Unidades de Inteligencia Financiera a nivel global, minimizando el impacto operativo de la medida.
Humberto ‘Toto’ Torres




