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El Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer este martes el fallo de apelación contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión podría confirmar, revocar o modificar parcialmente la sentencia de primera instancia dictada por la juez Sandra Liliana Heredia Aranda.
Una vez se emita el fallo, las partes podrán presentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra en lo que ha sido considerado como el proceso judicial más relevante de las últimas décadas en Colombia.
La sala penal que tomó la decisión
El fallo de segunda instancia fue adoptado el 14 de octubre, dos días antes del vencimiento del término de prescripción, en la sala penal número 19 del Tribunal, conformada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto.
Con el fin de garantizar dedicación exclusiva al caso, la Judicatura creó tres despachos transitorios para que asumieran otros procesos mientras los magistrados concentraban sus esfuerzos en resolver la apelación interpuesta por la defensa del exmandatario.
Los argumentos de la apelación
El Tribunal estudió los recursos presentados por la defensa de Uribe y por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo contra la sentencia de primera instancia.
La defensa sostuvo que la juez incurrió en errores de hecho y de derecho, basando su condena en “apreciaciones sesgadas” que afectaron la legalidad del fallo y la presunción de inocencia del exmandatario.
En un extenso documento de 904 páginas, los abogados argumentaron que el propósito de la impugnación era que el Tribunal “revisara con detenimiento los yerros señalados y restableciera las garantías afectadas”. Además, insistieron en que las pruebas técnicas, documentales y testimoniales demuestran que Uribe nunca dio instrucciones para presionar o sobornar a testigos.
El abogado Jaime Granados recalcó que ni la defensa ni el expresidente recurrieron a maniobras dilatorias para interferir en el proceso, como insinuó la juez Heredia.
Cuestionamientos del Ministerio Público
El procurador delegado Bladimir Cuadrado pidió revocar la condena, al considerar que el fallo se sustentó en errores de valoración probatoria, especialmente en las interceptaciones telefónicas.
Según Cuadrado, “la culpabilidad no se demostró más allá de toda duda razonable”, pues la sentencia se basó en conjeturas y no en pruebas concluyentes que desvirtuaran la presunción de inocencia.
La carta del expresidente al Tribunal
El pasado 25 de agosto, Álvaro Uribe envió una carta al magistrado ponente Manuel Antonio Merchán, en la que renunció voluntariamente a la prescripción de su proceso. Afirmó que nunca ha pretendido beneficiarse de esa figura y que su objetivo era que el Tribunal emitiera un fallo de fondo, “resultado de un análisis sereno y ponderado de las pruebas”.
La Corte Suprema tendrá la última palabra
Una vez conocido el fallo del Tribunal, las partes inconformes podrán acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso extraordinario de casación, instancia que tendrá hasta cinco años para resolver definitivamente el caso. La Sala de Casación Penal de la Corte será la encargada de adoptar la decisión final.
Los delitos por los que fue condenado
El pasado 1 de agosto, la juez Sandra Heredia condenó a Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, tras determinar que el exmandatario, a través de su abogado Diego Cadena, presionó a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones y lo desvincularan de la creación de grupos armados ilegales.
Entre los testigos mencionados están Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez (alias Víctor) y Eurídice Cortés Velasco (alias Diana), quienes habrían recibido beneficios o pagos —en uno de los casos, hasta 60 millones de pesos— a cambio de retractaciones.
La juez también concluyó que Uribe, por medio de su equipo legislativo y allegados, indujo en error a la Corte Suprema al presentar escritos del narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias “El Tuso”, que contenían información falsa sobre supuestas presiones del entonces senador Iván Cepeda.
Sin embargo, fue absuelto del delito de soborno simple relacionado con la exfiscal Hilda Niño Farfán y del fraude procesal en el caso denominado Pacho Cundinamarca.
El testigo Monsalve y las pruebas clave
La juez Heredia consideró válidas las grabaciones obtenidas por Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota mediante relojes espía, descartando manipulación o alteración del contenido.
Monsalve, considerado el testigo principal contra Uribe, cumple una condena de 44 años por secuestro extorsivo.
No obstante, la defensa ha insistido en que Monsalve no es un testigo creíble, pues habría incurrido en contradicciones y mentido a la justicia. Argumentan que el exparamilitar apenas conocía al expresidente por eventos públicos, por lo que no podría dar fe de hechos que nunca presenció.
El origen del proceso
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, acusándolo de visitar cárceles para obtener declaraciones en su contra.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda al no hallar pruebas de esas maniobras y, en cambio, abrió una investigación contra Uribe por soborno y fraude procesal.
Tras rendir indagatoria en 2019, Uribe fue cobijado con detención domiciliaria el 4 de agosto de 2020, medida que se levantó dos meses después. Desde entonces, su proceso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, donde varios fiscales intentaron solicitar su preclusión, sin éxito.
Con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, en abril de 2024 el caso fue reactivado y, finalmente, el 6 de febrero de 2025 inició el juicio formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Humberto ´Toto’ Torres
