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La compañía Thomas Greg & Sons presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez Casas, por su presunta participación en una campaña de desinformación durante el escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026. La empresa sostiene que las actuaciones del jurista afectaron la confianza en el proceso electoral y generaron riesgos para la seguridad de sus trabajadores e instalaciones.
La acción judicial, de 19 páginas, fue radicada por el abogado Mauricio Pava Lugo ante la fiscal general Luz Adriana Camargo. En el documento se solicita investigar a Pérez Casas por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático, hostigamiento, injuria, calumnia, falsedad en documento privado y otras conductas relacionadas con los mecanismos de participación democrática.
Denuncian una presunta campaña para desacreditar el escrutinio
Según la denuncia, Luis Guillermo Pérez habría liderado una estrategia para promover la idea de un supuesto fraude electoral inexistente, utilizando, de acuerdo con la empresa, una supuesta “veeduría ciudadana” para difundir información que habría generado desconfianza en el sistema electoral colombiano.
El documento sostiene que el exmagistrado “orquestó una maniobra engañosa para fabricar un fraude electoral inexistente”, aprovechando el desconocimiento técnico de parte de la ciudadanía con el propósito de perturbar las instituciones democráticas e instigar acciones contra una empresa privada.
Thomas Greg asegura que no interviene en el conteo de votos
Uno de los principales argumentos de la denuncia es que Thomas Greg & Sons únicamente cumple funciones logísticas y tecnológicas, por lo que no participa en el conteo de votos ni en la consolidación de los resultados electorales.
En ese sentido, la empresa afirma que Pérez Casas tergiversó el funcionamiento del software utilizado por la Registraduría, presentando procesos habituales como supuestas irregularidades.
“El denunciado, conociendo esta realidad, tergiversó el funcionamiento normal del software de la Registraduría para crear zozobra. Presentó la carga secuencial de las páginas de los formularios E-14 como si se tratara de la desaparición de firmas y votos, y expuso los protocolos de ciberseguridad del sistema como pruebas de una alteración algorítmica”, señala la denuncia.
También cuestionan llamados para detener el escrutinio
La acción judicial sostiene que las declaraciones del abogado trascendieron las redes sociales y se tradujeron en llamados públicos para detener el escrutinio nacional y solicitar la anulación masiva de mesas de votación.
Además, el documento resalta que Luis Guillermo Pérez no es un ciudadano cualquiera, sino senador electo y representante electoral de la campaña del Pacto Histórico, condición que, según la empresa, amplificó el impacto de sus declaraciones.
“Luis Guillermo Pérez Casas no es un ciudadano cualquiera. Es senador electo y fue representante electoral de la campaña del Pacto Histórico. Desde esa posición amplificó narrativas de fraude desvirtuadas por las autoridades competentes y contribuyó a sembrar desconfianza sobre la integridad de las elecciones”, indica el escrito.
Mauricio Pava Lugo agregó que, cuando una persona con ese nivel de influencia difunde información presuntamente falsa capaz de afectar la confianza ciudadana en los resultados electorales, la situación “no constituye una simple opinión política”, sino una conducta que, a su juicio, podría tener consecuencias penales.
La denuncia recuerda fallo del Tribunal de Cundinamarca
Dentro de la denuncia también se menciona una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que desde abril ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar afirmaciones relacionadas con un supuesto fraude en el sistema electoral colombiano y abstenerse de reiterarlas.
De acuerdo con el documento, el Tribunal concluyó que esas afirmaciones carecían de sustento, pero durante el escrutinio presidencial esas narrativas volvieron a ser promovidas desde sectores afines al Gobierno, pese a existir una decisión judicial previa.
Publicaciones en redes y entrevistas hacen parte de las pruebas
Como soporte de la denuncia, Thomas Greg & Sons entregó a la Fiscalía decenas de publicaciones realizadas por Luis Guillermo Pérez en la red social X, entrevistas concedidas a medios de comunicación y diversos contenidos audiovisuales difundidos después de la segunda vuelta presidencial.
La empresa sostiene que esas publicaciones ocasionaron un grave impacto reputacional y comprometieron la seguridad de sus trabajadores e instalaciones, al convertir a la compañía en blanco de señalamientos relacionados con un presunto fraude electoral.
Con esta acción judicial, la Fiscalía General de la Nación deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal por los hechos denunciados y establecer si las actuaciones señaladas constituyen o no conductas sancionables conforme al Código Penal colombiano.
Humberto ‘Toto’ Torres
