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El despliegue incluye tres embarcaciones con 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 infantes de marina, y ha generado reacciones en Caracas, La Habana y Bogotá.
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio en el sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, como parte de una operación militar destinada a reforzar las acciones contra el narcotráfico transnacional en América Latina. La movilización incluye tres buques de guerra —el USS San Antonio (LPD-17), el USS Iwo Jima (LHD-7) y el USS Fort Lauderdale (LPD-28)— que transportan un contingente de aproximadamente 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 infantes de marina, según confirmaron fuentes del Departamento de Defensa.
“El presidente Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien además acusó al gobierno de Nicolás Maduro de operar como “un cartel del narcotráfico” vinculado al Cartel de los Soles. La funcionaria añadió que el despliegue incluye submarinos nucleares, destructores clase Arleigh Burke, aeronaves P-8 Poseidon de patrullaje marítimo y al menos un buque equipado con misiles Tomahawk.
El operativo se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad nacional que busca enfrentar lo que Washington denomina “narco-terrorismo regional”. En febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Cartel de Sinaloa, al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles como “organizaciones terroristas globales”, lo que habilita acciones militares y judiciales extraterritoriales. Según cifras oficiales, más de 30 toneladas de cocaína han sido incautadas en operaciones vinculadas a estas organizaciones en los últimos 18 meses.
El escuadrón anfibio se espera que llegue a la zona entre el 24 y el 26 de agosto. Aunque no se ha confirmado una misión específica, voceros del Pentágono indicaron que se trata de una “presencia disuasiva” para proteger rutas marítimas, interceptar cargamentos ilegales y apoyar a aliados regionales en tareas de inteligencia y patrullaje. El Comando Sur de EE. UU. coordina la operación desde su base en Doral, Florida.
La reacción del gobierno venezolano fue inmediata. El presidente Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país como parte del “Plan de Defensa Integral de la Patria”, que incluye ejercicios militares en zonas costeras, aéreas y terrestres. “Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros”, afirmó Maduro en cadena nacional, calificando el despliegue estadounidense como una “provocación imperialista” y una amenaza directa a la soberanía venezolana.
Otros gobiernos latinoamericanos también se pronunciaron. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el operativo y lo calificó como “una forma de intervencionismo militar que viola principios de no injerencia”. En Colombia, el presidente Gustavo Petro advirtió que una eventual confrontación en Venezuela podría tener “efectos colaterales graves” en la frontera común de más de 2.200 kilómetros. “No queremos que Colombia sea arrastrada a un conflicto regional”, declaró desde la Casa de Nariño.
Desde La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó el despliegue militar y acusó a Washington de utilizar la lucha contra el narcotráfico como “pretexto para justificar sus ambiciones hegemónicas”. En un comunicado oficial, el gobierno cubano llamó a los países del ALBA-TCP y a la comunidad internacional a “rechazar esta irracional arremetida militar” que, según dijo, “pone en riesgo la paz del continente”.
En paralelo, el Departamento de Justicia de EE. UU. intensificó sus acciones judiciales contra altos funcionarios venezolanos. La DEA y la Fiscalía Federal han vinculado al entorno de Maduro con operaciones de tráfico de drogas, lavado de activos y corrupción. Se estima que más de 700 millones de dólares han sido congelados en cuentas vinculadas a estos casos. La recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro fue duplicada a 50 millones de dólares.
El despliegue militar, las acusaciones judiciales, las reacciones diplomáticas y las movilizaciones internas configuran un escenario de alta tensión geopolítica en el Caribe. Analistas advierten que, aunque no se trata de una intervención directa, la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región podría escalar si se producen incidentes en altamar o si se interceptan embarcaciones vinculadas al narcotráfico con presunta protección estatal.
Juan Joya
