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El hecho se registra en un contexto de cooperación institucional en Arauca, donde los detenidos habían participado en un acto oficial de entrega de incentivos económicos.
El grupo retenido está conformado por Diana Viloria Blanco, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR); Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, firmantes del Acuerdo de Paz que ejercen funciones como escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP); y Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN vinculado al equipo técnico del partido Comunes. Todos ellos habían participado el día anterior en Fortul, Arauca, en un evento institucional de entrega de incentivos económicos a 25 asociaciones de firmantes del acuerdo.
Los hechos se registraron este jueves 14 de agosto, cuando los cinco cruzaron el puente binacional José Antonio Páez, aparentemente con fines turísticos. Según la ARN, el cruce no estaba programado como parte de la agenda oficial y se habría realizado de manera voluntaria por los involucrados. En ese momento, fueron abordados por autoridades venezolanas, quienes procedieron a retenerlos sin que hasta ahora se conozcan cargos formales ni una versión oficial por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
“Los escoltas portaban armas como parte de sus funciones oficiales, lo que podría haber influido en la decisión de las autoridades venezolanas de detenerlos”, indicó la ARN en su comunicado. La portación de armas, aunque legal en Colombia bajo el marco de protección de excombatientes, podría haber sido interpretada de forma distinta por las autoridades del país vecino.
La Cancillería colombiana activó de inmediato canales diplomáticos con la embajada en Caracas y la representación venezolana en Bogotá. La ARN también notificó la situación a ambas embajadas, solicitando garantías para los derechos fundamentales de los retenidos y su pronta liberación. Hasta el momento, no se ha confirmado si los cinco colombianos permanecen en Guasdualito, Apure, o si fueron trasladados a otra sede oficial en Venezuela.
Un incidente que se da en un panorama de cooperación institucional en zonas de frontera, donde los firmantes del acuerdo de paz cumplen funciones de reincorporación, protección y articulación comunitaria. La retención de estos ciudadanos pone en tensión los mecanismos de verificación y seguimiento del proceso de paz, así como los protocolos de movilidad transfronteriza en zonas de alta sensibilidad política y militar.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y voceros del partido Comunes han solicitado transparencia en el manejo del caso y garantías de debido proceso. Un hecho que ha despertado inquietud en sectores diplomáticos, dado que no es la primera vez que ciudadanos colombianos vinculados al proceso de paz son retenidos en Venezuela. En meses anteriores, se han reportado casos similares, algunos sin resolución clara, por lo que ha habido llamados a fortalecer los canales consulares y de verificación binacional.
Juan Joya
