La Superintendencia Financiera de Colombia ha certificado una nueva tasa de usura de 25,62% para abril de 2025, lo que representa un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto al dato de marzo, que fue de 24,92%. Este cambio demuestra que el indicador sigue aumentando, manteniendo la tendencia al alza que había mostrado previamente, luego de un periodo previo de 21 meses de reducciones que finalizó en febrero. La tasa de usura define el límite máximo de interés que se puede cobrar por préstamos y tiene implicaciones directas en los productos crediticios en el país.
El aumento también afecta diversas modalidades de crédito, como el productivo urbano y rural, cuyos montos presentan cifras notables. Según el informe de la Superintendencia, los créditos populares tienen las tasas más altas, alcanzando hasta un 88,94% en áreas urbanas y un 77,96% en zonas rurales. Además, se prevé que este panorama sea desfavorable para más del 35% de los adultos colombianos, quienes poseen productos de crédito formal, lo que genera un impacto significativo en su capacidad de financiamiento.
Un análisis reciente de Fedesarrollo presentó las consecuencias de los cambios en la tasa de usura en el acceso al crédito formal. La entidad destacó cómo el aumento en este límite llevó a la exclusión de las solicitudes de mayor riesgo, lo que resultó en una contracción de la cartera de consumo en un 9%, equivalente a 18 billones de pesos colombianos. Asimismo, las restricciones del sistema financiero han afectado a los sectores más vulnerables de la población, limitando las oportunidades de financiamiento.
El informe también abordó las implicaciones específicas en líneas de crédito de bajo monto y microcréditos, señalando que estas modalidades enfrentan obstáculos importantes para su consolidación como opciones viables de financiamiento. En particular, la oferta limitada y los procesos de aprobación simplificados no han sido suficientes para garantizar un acceso formal. Además, se destacó un impacto negativo en las áreas rurales, donde la inclusión de créditos con redescuento y las nuevas segmentaciones de riesgo han restringido aún más el acceso al financiamiento.
Otro aspecto relevante es el potencial riesgo de que los usuarios recurran al crédito informal debido a las restricciones en el mercado formal. Según Fedesarrollo, las tasas de interés en el mercado informal, como el “gota a gota”, pueden ser hasta nueve veces mayores que las reguladas, lo que genera altos costos para los usuarios y menores protecciones. Esta situación refuerza la necesidad de políticas que promuevan la inclusión financiera y reduzcan la dependencia del crédito informal.
La desigualdad en el acceso al crédito formal en Colombia es otro punto crítico reflejado por las cifras actuales. Mientras que el 64% de los estratos altos accede a productos crediticios formales, solo el 21% de los estratos más bajos logra hacerlo, según datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Este panorama plantea desafíos en términos de inclusión financiera, un elemento clave para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo económico en el país.
Finalmente, las modificaciones recientes en el cálculo de las tasas de usura y las categorizaciones por riesgo han generado distorsiones que limitan aún más las opciones de financiamiento para consumidores de menores ingresos. Aunque estas medidas buscan mejorar el acceso formal de algunos perfiles, sus efectos adversos en sectores vulnerables resaltan la necesidad de estrategias más integrales y equilibradas en el sistema financiero colombiano.
Juan Joya