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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada informó que las licencias de operación de cinco empresas de vigilancia y seguridad privada, ubicadas en Barranquilla, fueron suspendidas por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente.
De acuerdo con la entidad, la decisión es el resultado de una serie de operativos de control adelantados por la Supervigilancia a las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda. Estas compañías “acumulaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en distintas zonas de la Región Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre”, explicaron en su página web.
Asimismo, añadieron que durante el procedimiento de intervención requirieron al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) para que, en el marco de sus competencias legales y en coordinación con las unidades policiales con jurisdicción en las zonas intervenidas, disponga la custodia provisional del armamento asignado a las empresas en calidad de portes y tenencias, hasta tanto se resuelvan de manera definitiva las medidas adoptadas.
Una vez realizada la gestión, evidenciaron hechos preliminares que podrían comprometer la transparencia en la operación de las empresas, entre ellos:
• Presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales.
• Posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
• Eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, evidenciadas en la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
• Probables omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.
En ese sentido, manifestaron que las acciones se realizaron por órdenes del presidente Gustavo Petro, y hacen parte de la estrategia interinstitucional liderada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para el fortalecimiento del control de armas, con el propósito de prevenir la instrumentalización del sector de la vigilancia privada por parte de estructuras del crimen organizado.
Finalmente, indicaron que “la Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo la dirección del general Edwin Urrego y la Procuraduría General de la Nación, por instrucciones del procurador Juan Gregorio Eljach Pacheco, acompañaron los procedimientos y dispusieron de los espacios físicos para la custodia provisional del armamento, garantizando condiciones de seguridad, transparencia y trazabilidad del armamento durante el proceso”.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
