Supervigilancia regula uso de perros en vigilancia privada

¿Se ha normalizado la sobreexplotación de caninos en el sector de seguridad privada?

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada oficializó una resolución que modifica de forma sustancial el uso de perros en empresas de seguridad privada en Colombia. La nueva normativa, expedida en octubre de 2025, establece límites estrictos en las jornadas laborales de los caninos, exige controles veterinarios permanentes y prohíbe prácticas de entrenamiento violentas. La medida se enmarca en la implementación de la Ley 2454 de 2025, conocida como “Ley Lorenzo”, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece estándares mínimos de protección.

“La resolución busca garantizar el bienestar físico y emocional de los perros que prestan servicios de vigilancia, detección y defensa en el país”, señala el documento oficial. La decisión fue motivada por múltiples denuncias de maltrato, entre ellas el caso de Limonar, un perro de seguridad que murió por asfixia en el aeropuerto El Dorado en noviembre de 2023, tras permanecer encerrado en condiciones extremas.

A partir de la entrada en vigor de la norma, los perros dedicados a labores de detección de narcóticos, explosivos o sustancias peligrosas solo podrán trabajar hasta seis horas diarias. Aquellos empleados en tareas de defensa, acompañamiento o patrullaje tendrán un límite de ocho horas.“Son animales que cumplen funciones de alto riesgo y deben contar con condiciones dignas de descanso, alimentación y atención médica”, indicó la Superintendencia.

 Publicación oficial de la Superintendencia de Vigilancia

Además de los límites horarios, las empresas deberán implementar bitácoras de turnos, garantizar atención veterinaria disponible las 24 horas y disponer de espacios adecuados para el descanso de los animales. También se exige que los caninos tengan certificaciones actualizadas, que se les practiquen exámenes periódicos y que se prohíban métodos de entrenamiento basados en castigo físico, aislamiento o privación de alimento.

La resolución aplica tanto a empresas privadas como a entidades públicas que operan con apoyo canino en labores de vigilancia. En el caso de la Policía Nacional y otras instituciones estatales, se anunció una revisión de protocolos internos para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por la Ley Lorenzo. “La regulación es integral y busca corregir prácticas de sobreexplotación animal que se han normalizado en el sector”, advierte el texto normativo.

La Superintendencia realizará inspecciones técnicas, revisiones documentales y visitas de verificación para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Las empresas que incumplan podrán ser sancionadas con multas, suspensión de licencias o cancelación de contratos. También se contempla la posibilidad de retirar los animales de entornos que representen riesgo para su integridad.

Con esta resolución, el Estado colombiano da un paso hacia la regulación ética del trabajo animal en contextos operativos, reconociendo que los perros de seguridad no son herramientas, sino seres vivos que requieren protección, descanso y trato digno.

Juan Joya