Suben los costos de vigilancia privada en Colombia: así quedan las nuevas tarifas

La actualización aplica a servicios armados, sin armas, con caninos y conjuntos residenciales de estratos altos.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) anunció un ajuste progresivo en las tarifas mínimas del servicio de vigilancia privada en Colombia, como respuesta a los impactos derivados de la Reforma Laboral. La medida, que comenzó a regir el 1 de julio de 2025, establece un incremento escalonado que irá desde 9,24 hasta 10,38 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) entre 2025 y 2027.

“La decisión corresponde a los efectos que la Reforma Laboral introdujo en la estructura de costos, entre ellos la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, la ampliación del horario nocturno que ahora comienza a las 7:00 p.m. y el incremento del recargo dominical”, explicó la Superintendencia. Estos cambios han elevado significativamente los costos de nómina en el sector, lo que llevó a la entidad a implementar un reajuste técnico y legal de las tarifas.

El nuevo esquema tarifario contempla modalidades diferenciadas. Para servicios con personal armado, la tarifa inicial es de $13.153.140 (9,24 smmlv), con incrementos programados hasta alcanzar $14.775.930 (10,38 smmlv) en julio de 2027. En el caso de servicios sin armas, el recargo administrativo será del 8 %, mientras que para vigilancia con caninos ascenderá al 11 %. Además, los conjuntos residenciales de estratos 4, 5 y 6 seguirán el mismo calendario de incrementos que los servicios armados.

La Superintendencia detalló que el cálculo de la nueva tarifa se realizó con base en un modelo tipo de puesto 24/7 operado por tres vigilantes, bajo programación 2x2x2. El ejercicio incluyó salarios, prestaciones sociales, horas extras y recargos, además de costos directos de operación. La metodología se fundamentó en el Decreto 1561 de 2022 y en liquidaciones reales, con el objetivo de reflejar con precisión los efectos de la nueva normativa.

“La actualización busca proteger los derechos de los trabajadores y evitar prácticas que puedan afectar la estabilidad laboral en un sector que desempeña un papel estratégico para la seguridad ciudadana y empresarial”, señaló la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. El ajuste también pretende garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas y cooperativas del sector, en un contexto de mayores exigencias legales.

La resolución que oficializa el nuevo esquema tarifario fue emitida bajo el número 20251000059517 y se apoya en el artículo 70 de la Ley 2466 de 2025 y en la Ley 2101 de 2021. Su entrada en vigor es inmediata y, según la Superintendencia, no admite recursos jurídicos en contra, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011. Durante el periodo de transición, se emitirán circulares específicas para orientar a empresas y usuarios sobre la aplicación gradual de los nuevos valores.

Juan Joya