Socios invisibles de la nueva junta del narcotráfico: clubes de fútbol y empresas de seguridad bajo sospecha

Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al que tuvo acceso el medio El País (América), pone al descubierto cómo la estructura criminal bautizada como la Nueva Junta del Narcotráfico (NJN) ha tejido redes complejas en Colombia para operar mediante fachadas legales: clubes deportivos profesionales y compañías de vigilancia privada.

El documento revela que dos equipos del fútbol colombiano están supuestamente implicados en esquemas de blanqueo de capitales u operaciones ilegales de la NJN. Entre ellos figura el club Independiente Santa Fe, cuyo entonces presidente, el abogado penalista Luis Eduardo Méndez Bustos, aparece vinculado a la defensa de miembros de la antigua estructura criminal, como Julio Lozano Pirateque, líder de la anterior Junta Directiva del Narcotráfico.

Según el informe, Méndez Bustos fue descrito por inteligencia como “testaferro”, utilizó el club como fachada y estuvo implicado en procesos en Estados Unidos por obstrucción de la justicia. Cabe resaltar que, tras ser consultado por El País, Méndez negó relación con la NJN y afirmó que su vínculo había sido estrictamente profesional, desvinculado del club.

Otro nombre que aparece es el del presidente del club Tigres F.C. (segunda división), el abogado penalista Édgar Páez Cortés, asesinado en septiembre de 2023. El informe lo señala por su rol en operaciones logísticas para el tráfico de drogas.

El informe de la DNI dedica un apartado amplio al papel de compañías de seguridad privada que habrían sido instrumentalizadas por la NJN para legalizar armas, otorgar acreditaciones de escolta y ampliar su radio operativo.

Una de las firmas mencionadas es Hidra Seguridad (Bogotá, 2022), cuya representación legal, a través de su abogado, afirma que no tiene vínculos con la NJN. Sin embargo, en sus registros figuran exempleados con antecedentes en narcotráfico y esmeraldas. Otra empresa es Seguridad Oriental, con contratos públicos por miles de millones de pesos, cuyos socios —también asesinados— habrían coordinado con esquemas del narcotráfico.

Asimismo, las empresas Magal Vigilancia y Seguridad Privada y Seguridad Sara Ltda. aparecen en la investigación: esta última habría certificado como escolta profesional a miembros del Clan del Golfo para portar armas legalmente, a cambio de pagos.

El informe sugiere que la NJN, heredera del cartel de Bogotá y las redes de las esmeraldas, ha encontrado en el fútbol y la seguridad privada un terreno fértil para sus actividades ilícitas: blanqueo, cobertura y legitimación de capital.

Para el deporte profesional colombiano, representa un golpe reputacional grave: la imagen de instituciones que deben promover el juego limpio, ahora asociadas a estructuras criminales. En el ámbito de la seguridad privada, se pone en tela de juicio el control estatal sobre el arma, el escolta y la vigilancia como posibles puertas de entrada al crimen organizado.

La DNI recomienda ampliar la investigación sobre los mecanismos de financiación del deporte, la propiedad de los clubes y los vínculos de dirigentes con redes criminales. Por su parte, en el sector de la seguridad se plantea revisar los requisitos de acreditación, antecedentes de operadores y trazabilidad de contrataciones.

Si el Estado no actúa —advierte el informe— estas redes podrían consolidar una nueva hegemonía del crimen organizado, esta vez oculta tras empresas deportivas y de vigilancia en Colombia.

Paola Martínez Burgos