La Alcaldía de Sincelejo presentó un informe detallado sobre las acciones emprendidas para proteger la Manzana 6 del Cementerio Central, área clave en las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por presuntos casos de desaparición forzada.
En un comunicado oficial, la administración municipal explicó que, desde octubre de 2019, no se han autorizado inhumaciones ni exhumaciones en esta zona, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Cartagena. Esta decisión se tomó tras la presunta inhumación del señor Julio Blanco Vides, quien, según familiares y fuentes forenses, habría sido víctima de desaparición forzada y sepultado como cuerpo no identificado.
Intervención y medidas de protección
La Alcaldía señaló que, una vez vinculada por la JEP al trámite cautelar junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Fiscalía General de la Nación, se procedió con una intervención física en la zona.
“Desde el 1 de agosto de 2024, bajo el contrato SA-008-MC-2024, se ejecutó la demolición de bóvedas en parte de la Manzana 6 del Cementerio Central de Sincelejo, acción finalizada el mismo año”, destacó el comunicado.
Además, la administración municipal aseguró que el alcalde Yahir Fernando Acuña ha cumplido con los autos MPVG 408 de 2024 y MPVG 039 de 2025, expedidos por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. En este sentido, como medida de protección, el 4 de diciembre de 2024 se realizó el cerramiento provisional de la zona para resguardar los posibles restos de víctimas del conflicto.
Proceso ante la JEP y vigilancia en la zona
Las declaraciones de la Alcaldía se dan luego de que la JEP anunciara la apertura de un incidente de medidas correccionales contra el alcalde Yahir Acuña, debido a la falta de respuesta a un informe requerido en diciembre de 2024 sobre la protección de la Manzana 6.
Ante la omisión del informe en los plazos establecidos, la Sala de Reconocimiento de Verdad concedió una nueva prórroga de tres días hábiles, advirtiendo la posibilidad de sanciones.
Para evitar intervenciones no autorizadas, la Alcaldía aseguró que se contrató un servicio de vigilancia privada en el área, garantizando la seguridad del espacio mientras la Fiscalía General de la Nación y otros entes judiciales realizan exhumaciones e inspecciones forenses.
Estos procedimientos forman parte del Caso 08 de la JEP, que investiga violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado colombiano.
Finalmente, la Alcaldía reiteró su compromiso de “atender lo solicitado por la JEP y garantizar los derechos de las víctimas”, mientras se esperan los resultados forenses y el avance de las investigaciones.
El alcalde Yahir Fernando Acuña tiene un plazo de tres días hábiles para responder formalmente sobre el incidente de medidas correccionales iniciado en su contra.
Humberto ‘Toto’ Torres