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El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey pidió un Puesto de Mando Unificado nacional y rechazó las declaraciones de la concesionaria a cargo de la vía.
La vía al Llano, principal corredor vial entre Bogotá y Villavicencio, atraviesa una de sus crisis más prolongadas y complejas en años. Desde el 2 de septiembre de 2025, los cierres intermitentes por deslizamientos, fallas geológicas y condiciones climáticas extremas han paralizado el tránsito en varios de sus tramos, sin que exista una fecha estimada de reapertura total. La situación ha escalado a niveles nacionales, con pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, el Ministerio de Transporte y la concesionaria Coviandina.
En su paso por Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Petro reconoció que “no hay dinero para arreglar la vía al Llano” y propuso declarar una emergencia administrativa que permita liberar recursos y acelerar las obras. “Un procedimiento de emergencia ayudaría”, afirmó el mandatario este 23 de septiembre. La medida permitiría sortear los tiempos de contratación ordinaria y atender de forma urgente una infraestructura que, según expertos, está al borde del colapso técnico.
La concesionaria Coviandina, responsable de la operación y mantenimiento del corredor, emitió un comunicado en el que aseguró que “no hay fecha estimada de reapertura” y que las condiciones actuales exceden sus competencias. “No somos responsables de la emergencia”, indicó la empresa, lo que generó una fuerte reacción por parte del gobernador Jorge Emilio Rey. “Rechazamos tajantemente esa postura. El concesionario no puede lavarse las manos frente a una situación que afecta a miles de ciudadanos”, declaró Rey hoy 24 de septiembre.
El gobernador exigió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Transporte soluciones urgentes y la instalación de un Puesto de Mando Unificado nacional. “La vía al Llano no puede seguir siendo tratada como un problema técnico aislado. Se requiere liderazgo político, decisiones estructurales y presencia institucional permanente”, agregó Rey, quien ha liderado reuniones con alcaldes, gremios y autoridades regionales para coordinar respuestas.
Las consecuencias económicas son graves. Según estimaciones del sector transportador, las pérdidas por restricciones de movilidad superan los $12.000 millones semanales. El turismo en los Llanos Orientales ha caído en más del 60 %, y el abastecimiento de productos agrícolas, combustibles y medicamentos se ha visto afectado. El sistema de pico y placa 4×2, implementado como medida temporal, ha sido criticado por generar congestión, demoras y falta de claridad en su aplicación.
El Ministerio de Transporte anunció nuevas medidas para mitigar el impacto, incluyendo ajustes en los horarios de circulación, refuerzo de maquinaria en puntos críticos y coordinación con la Policía de Tránsito. Sin embargo, aún no se ha definido un plan estructural de intervención ni se han precisado los recursos disponibles. La ANI ha mantenido reuniones técnicas con Coviandina, pero no ha emitido un pronunciamiento público sobre la posibilidad de declarar la emergencia sugerida por el presidente.
La vía al Llano no solo conecta dos regiones estratégicas, sino que representa un eje económico vital para el país. Su cierre prolongado pone en riesgo la seguridad alimentaria, la competitividad regional y la estabilidad de miles de familias que dependen del comercio, el transporte y el turismo. La falta de claridad sobre responsabilidades, los tiempos de ejecución y la financiación de las obras mantiene abierta una discusión que, según analistas, requiere una revisión profunda del modelo de concesión, de la capacidad institucional para responder a emergencias viales y del papel del Estado en la infraestructura crítica.
Juan Joya
