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17 noviembre, 2026Las reglas aclaran que los datos públicos no pueden usarse libremente para entrenar IA y permiten impugnar decisiones automatizadas.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este 17 de noviembre, en Bogotá, la publicación de nuevos estándares iberoamericanos para proteger los datos personales utilizados por sistemas de inteligencia artificial.
El documento fue aprobado por unanimidad por las autoridades de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Su propósito es establecer criterios comunes frente al entrenamiento de IA, la creación de perfiles y las decisiones automatizadas que pueden afectar a los ciudadanos.
Una de las principales precisiones señala que un dato disponible públicamente no queda libre de protección. Su presencia en redes sociales, páginas web o bases abiertas no autoriza, por sí sola, que una empresa lo utilice para entrenar sistemas de inteligencia artificial.
Los estándares no regulan la IA como tecnología abstracta. Se concentran en el tratamiento de información personal durante las etapas de desarrollo, entrenamiento, evaluación y mejora de estos sistemas.
La protección también cubre los datos que la inteligencia artificial infiere o deriva a partir de otra información. Esto incluye perfiles sobre comportamientos, preferencias o características personales, incluso cuando esos datos no fueron entregados directamente por el ciudadano.
Si una inferencia revela aspectos sensibles, como condiciones de salud, creencias, orientación sexual o características susceptibles de discriminación, deberá recibir una protección reforzada.
Decisiones de la IA podrán ser impugnadas
Las personas tendrán derecho a cuestionar decisiones automatizadas y solicitar una intervención humana real. La revisión no será válida si el encargado se limita a confirmar, sin análisis propio, la recomendación generada por el sistema.
Las organizaciones tampoco podrán limitarse a informar que utilizan inteligencia artificial. Deberán explicar para qué la emplean, qué función cumple y cuáles pueden ser sus consecuencias para las personas involucradas.
El uso de herramientas desarrolladas por terceros no elimina las responsabilidades. Una empresa o entidad continuará respondiendo por el tratamiento cuando determine sus objetivos y medios esenciales, aunque el sistema de IA pertenezca a otro proveedor.
El documento también rechaza las tecnologías diseñadas para manipular comportamientos, aprovechar condiciones de vulnerabilidad o establecer puntuaciones sociales discriminatorias.
Los criterios servirán como referencia para autoridades, legisladores, desarrolladores, proveedores tecnológicos y organizaciones públicas y privadas. En Colombia, su aplicación podría orientar futuras decisiones sobre el uso de información ciudadana en procesos laborales, comerciales, financieros y administrativos.
La publicación abre una nueva etapa para la gobernanza de la inteligencia artificial: las empresas y entidades deberán revisar no solo cómo funcionan sus herramientas, sino qué datos utilizan, con qué autorización y qué efectos producen sobre las personas.




