La cantante colombiana Shakira enfrenta nuevas acusaciones de fraude fiscal, esta vez por un monto que supera los 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y el impuesto de patrimonio del año 2018. La Fiscalía sostiene que utilizó un complejo ‘entramado societario’ con sede en paraísos fiscales para llevar a cabo esta evasión fiscal.
La querella presentada por el ministerio público hace tres meses ha dado lugar a la apertura de una segunda causa en su contra por dos delitos contra la Hacienda Pública. Shakira será juzgada a partir del 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en una causa que se originó por una querella presentada en 2018.
El ministerio público plantea la posibilidad de que la artista declare como investigada por vídeoconferencia desde su residencia en Estados Unidos, donde se trasladó tras su separación del futbolista Gerard Piqué.
Según la querella, Shakira defraudó a la Agencia Tributaria 5,3 millones de euros en el IRPF, correspondientes a los ingresos de su gira de 2018 “El Dorado” y por la cesión de derechos intelectuales. Además, evadió otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio debido a sus 12 millones en inmuebles y activos financieros.
La Fiscalía alega que la cantante utilizó un entramado societario y presentó “declaraciones inveraces” del IRPF, omitiendo ingresos y deduciendo gastos indebidos, reduciendo así su deuda fiscal.
Una sociedad en Luxemburgo y otra en España fueron utilizadas para gestionar los ingresos y gastos relacionados con su gira “El Dorado”. La firma luxemburguesa, según la denuncia, tenía una tributación muy baja, solo el 1,39%, y carecía de actividad real. Asimismo, otra sociedad instrumental en España no tenía actividad real pero fue utilizada para contabilizar los ingresos y gastos de la gira.
La Fiscalía también menciona 17 sociedades instrumentales con sede en diversos lugares, incluyendo Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York y Liechtenstein, que Shakira habría usado para gestionar ingresos de su carrera musical y su patrimonio.
El ministerio público sostiene que la artista se dedujo siete millones en gastos personales, algunos de ellos duplicados y otros de naturaleza “eminentemente personal”, como viajes en jet privado y billetes de avión para sus hijos y su educadora.
Shakira ya está pendiente de juicio por otra querella de fraude fiscal presentada en 2018, en la que la Fiscalía solicita una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. A pesar de que devolvió 17,2 millones de euros a la Agencia Tributaria en ese caso, la causa sigue adelante y la cantante enfrenta posibles consecuencias legales.
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