Fuerzas Militares frustran envío de cocaína hacia Honduras: operación de 72 horas en el Caribe
16 febrero, 2026
Gamero continúa en el Cali: Dinenno y Gallese le dieron oxígeno al proceso del conjunto azucarero
16 febrero, 2026
¿Realmente se habrían girado recursos a familiares de la congresista como condición laboral?
La senadora Berenice Bedoya es objeto de una nueva controversia pública y legal a raíz de una denuncia presentada por un exasesor de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado de la República de Colombia. La congresista, quien pertenece al Alianza Social Independiente (ASI) y ha ejercido como senadora tras su elección en 2022, fue señalada por Sergio Mesa, abogado y periodista que se desempeñó como asesor en la UTL, de exigir “pagos” periódicos vinculados a su vinculación contractual en el Legislativo.
De acuerdo con el relato hecho público por Mesa a través de su cuenta en la red social X y en declaraciones a medios, entre marzo y diciembre de 2024 y durante parte de 2025 estuvo obligado a entregar parte de sus honorarios a familiares cercanos a la senadora. Según su versión, esos pagos —que inicialmente eran de 4 millones de pesos mensuales y luego 2,5 millones— se habrían destinado primero al entonces yerno de la congresista y posteriormente a su hija. Mesa aseguró que la entrega se hacía en efectivo y que la condición para mantener su contrato era cumplir con esta exigencia, sin que esas personas realizaran tareas profesionales reconocidas.
Las declaraciones del exasesor motivaron la reacción de la Red de Veedurías de Colombia, que anunció la presentación de una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos asociados al cobro de coimas o “mordidas” en la UTL de la senadora. Esta entidad afirmó, en su pronunciamiento público, su intención de representar a las personas afectadas en el llamado macrocaso de corrupción en unidades de trabajo legislativo.
La denuncia penal también ha recibido respaldo de voces políticas. El exsenador Gustavo Bolívar solicitó formalmente a la Corte Suprema, a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación la apertura de una investigación sobre los hechos denunciados, argumentando que podrían constituir delitos de concusión, cohecho y extorsión. Bolívar ha enfatizado que la denuncia pública de Mesa revela prácticas que, en su opinión, implican un condicionamiento indebido del ejercicio de funciones legislativas para beneficios particulares.
Desde la UTL vinculada a la senadora aún no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la congresista Bedoya respecto a las acusaciones formuladas. En el contexto del caso, Mesa también señaló la existencia de personas vinculadas a la UTL que, según él, no realizaban labores efectivas pese a recibir remuneración, y que la presión para cumplir con estos pagos fue uno de los factores que lo llevó a terminar su contrato antes de completar el periodo.
Según la Ley 4ª de 1992 se establece que cada congresista puede destinar hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la contratación de máximo diez asesores o asistentes en su UTL. En su declaración pública, Mesa aseguró que conoce casos de “asistentes fantasmas” que figuran en nómina sin desempeñar funciones, otros que trabajan pero deben entregar parte de su salario, y algunos que realizan labores sin aparecer formalmente vinculados, recibiendo pagos a través del contrato de otra persona.
La figura de una Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso colombiano corresponde a un grupo de asesores y contratistas que apoyan las funciones del congresista en la elaboración jurídica, análisis de políticas y otras tareas administrativas relacionadas con su labor parlamentaria. Los honorarios que reciben estos miembros están normados por el Estatuto de Personal del Congreso y son asignados por cada senador o representante. En este caso, las declaraciones de Mesa ponen en discusión la manera en que esos recursos pudieron haber sido condicionados a aportes personales, algo que —de confirmarse— contravendría las normas sobre gestión de personal y ética pública.
La denuncia contra la senadora Bedoya se suma a otros escollos legales y políticos que ha enfrentado en los últimos años. Anteriormente, en 2025, su nombre apareció en investigaciones relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en las que se examinaban chats y documentos que vinculaban a congresistas con gestiones sobre proyectos, aunque en etapa de investigación.
Juan Joya
