Señalamientos en la cárcel El Buen Pastor: el Inpec responde a las denuncias de Epa Colombia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reconoció fallas en la alimentación de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, luego de una denuncia pública realizada por la reconocida influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien actualmente cumple una condena en ese centro penitenciario. A través de un video difundido en redes sociales, Barrera y otras reclusas expusieron la precaria calidad de los alimentos que reciben, señalando que en varias ocasiones han encontrado comida en mal estado, incluyendo pollo y pescado podridos, además de la presencia de roedores en las áreas de almacenamiento. “No podemos seguir comiendo así, es una falta de respeto con nosotras”, denunció Barrera en el video, agregando que la comida que reciben a diario es insalubre.

Ante los señalamientos, el propio director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, admitió que existen problemas en la infraestructura, la salud y, especialmente, en la alimentación dentro del penal. En una rueda de prensa, el funcionario explicó que se han registrado irregularidades en la entrega de los alimentos, como retrasos en la distribución, deficiencias en la cocción y porciones que no cumplen con los estándares establecidos. “Reconocemos que ha habido problemas con la calidad y distribución de los alimentos en El Buen Pastor, y estamos tomando medidas para corregir estas fallas. No queremos que las internas se vean afectadas por una alimentación deficiente”, aseguró Gutiérrez. Ante esta situación, el Inpec anunció la creación de mesas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para abordar la problemática y buscar soluciones concretas.

Por su parte, la Uspec, entidad encargada de la administración de los servicios en las cárceles, emitió un comunicado en el que aseguró que el suministro de alimentos no ha sido suspendido y que las denuncias sobre días sin comida no corresponden a la realidad verificada por los organismos de supervisión. “Hemos realizado inspecciones y no encontramos interrupciones en el suministro de alimentos, aunque sí reconocemos que es necesario mejorar la calidad de los productos entregados”, indicó la entidad. Además, la Uspec afirmó que el operador responsable ha cumplido con la entrega de productos como proteínas, verduras y frutas, y que se han implementado medidas para mejorar las condiciones sanitarias dentro del penal.

La denuncia ha abierto una fuerte reacción en redes sociales y en la opinión pública, reavivando el debate sobre las condiciones de los centros penitenciarios en Colombia. Diversos sectores han expresado su preocupación por la situación de las internas en El Buen Pastor y han instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a una alimentación digna. “No es justo que las mujeres privadas de la libertad tengan que pasar por esto. Se trata de derechos básicos que deben ser garantizados”, comentó un activista de derechos humanos en un foro virtual sobre la situación carcelaria en el país. La crisis alimentaria en las cárceles del país no es un problema nuevo, y a lo largo de los años se han registrado múltiples denuncias sobre la calidad de los alimentos y la falta de higiene en su preparación.

En respuesta a la controversia, el Inpec ha reiterado su compromiso de mejorar las condiciones dentro del penal y ha asegurado que trabajará en conjunto con otras entidades para garantizar que las internas reciban una alimentación adecuada. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado que las soluciones propuestas deben ser estructurales y no solo medidas temporales para calmar la indignación generada por la denuncia. “Las cárceles en Colombia tienen problemas estructurales que no pueden resolverse solo con un cambio de proveedor de alimentos. Necesitamos una reforma profunda que garantice condiciones dignas para quienes cumplen una condena”, afirmó una representante de una ONG dedicada a la defensa de los derechos de personas privadas de la libertad.

Este caso vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan los centros de reclusión en Colombia, donde problemas como el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos y las deficiencias en la alimentación continúan afectando a la población carcelaria. La situación ha llevado a que se planteen reformas en el sistema penitenciario, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los internos y mejorar la gestión de los recursos destinados a su bienestar. “Seguimos viendo denuncias constantes de violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país. No podemos ignorar esta realidad”, expresó un investigador en políticas penitenciarias durante un análisis sobre la crisis carcelaria en Colombia.

Mientras las autoridades avanzan en la implementación de soluciones concretas, las reclusas de El Buen Pastor continúan exigiendo respuestas concretas y acciones inmediatas para mejorar su calidad de vida dentro del penal. La denuncia de Epa Colombia ha puesto el foco sobre una problemática que, según expertos, requiere una intervención urgente y estructural para evitar que situaciones similares sigan ocurriendo en el futuro.

Juan Joya