Senadores de la Comisión Séptima piden a la CIDH medidas cautelares por seguridad y freno a mensajes de odio de Petro

Senadores que hundieron reforma laboral solicitan protección internacional ante CIDH

Los ocho senadores de la Comisión Séptima que archivaron la reforma laboral en su primera etapa radicaron un nuevo documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reiterar su solicitud de medidas cautelares, argumentando un clima de inseguridad y hostilidad en su contra. La petición incluye protección especial tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático.

En el escrito, los legisladores exigen que el Estado colombiano garantice su seguridad, especialmente la de los miembros que firmaron la ponencia negativa de la reforma: Berenice Bedoya, Lorena Ríos Cuellar, Ana Paola Agudelo, Nadia Blel Scaff, Esperanza Andrade, Josué Alirio Barrera, Miguel Ángel Pinto y Honorio Enríquez. “Que se ordene al Estado brindar especial protección a los senadores que ejercieron su derecho constitucional al archivar iniciativas no convenientes para el país”, señala el documento.

Exhortación a Petro: frenar “mensajes de odio”

Los congresistas también pidieron a la CIDH que exhorte al presidente Gustavo Petro a cesar lo que califican como incitación al odio en sus declaraciones y redes sociales. “Que se abstenga de utilizar sus plataformas para instigar violencia, matoneo o escarnio público contra quienes no apoyan sus iniciativas”, reclaman.

El texto subraya que los senadores actuaron en representación de la voluntad popular y dentro del marco legal, por lo que consideran injustos los ataques por su oposición a proyectos gubernamentales. “Están ejerciendo su derecho constitucional”, insisten.

Comisión internacional para vigilar trámites legislativos

Además de las medidas de protección, los parlamentarios solicitaron que se conforme una comisión internacional veedora para monitorear el trámite de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. “Que se cree un mecanismo de seguimiento especial a los proyectos liderados por el Gobierno Nacional”, detalla la petición.

La acción ante la CIDH refleja la creciente tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo, en un contexto marcado por el atentado contra Uribe y las acusaciones cruzadas sobre persecución política. Los senadores esperan que el organismo internacional intervenga para garantizar sus derechos y frenar lo que perciben como un ambiente de intimidación.

Con este paso, la polarización política en Colombia trasciende el ámbito nacional y busca un escrutinio internacional, mientras el Gobierno enfrenta nuevos cuestionamientos sobre su manejo de la libertad de expresión y la seguridad de los opositores.

Humberto ‘Toto’ Torres