Senador Cadavid acusa al Gobierno de objetar la ‘ley de mérito’ sin entenderla

El senador del Centro Democrático defendió su proyecto y advirtió que las mayorías del Gobierno podrían hundirlo en el Congreso.

La polémica por la ‘ley de mérito’ creció este lunes en el Congreso luego de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella objetara el proyecto que busca establecer criterios para evitar la reducción de requisitos para acceder a determinados cargos públicos. El senador Hernán Cadavid, autor de la iniciativa, aseguró que la Secretaría Jurídica de Presidencia interpretó de manera equivocada el proyecto.

Cadavid cuestionó directamente al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barrero, y afirmó que “no entendió el proyecto o no lo quiso comprender”. Según el congresista, las objeciones parten de una lectura que atribuye a la iniciativa restricciones que no contempla.

El senador negó que la propuesta prohíba al Gobierno reducir requisitos para nombrar funcionarios o que obligue a obtener un concepto favorable del Consejo de Estado. La iniciativa plantea consultar a la Sala de Consulta y Servicio Civil antes de tomar una decisión, pero deja la determinación final en manos del Ejecutivo.

“Está equivocado el secretario jurídico. Nosotros no estamos haciendo modificación ni incorporando la obligatoriedad de un concepto positivo de la Sala de Consulta del Consejo de Estado”, sostuvo Cadavid. El senador explicó que el concepto podría ser positivo o negativo y el Gobierno conservaría la facultad de decidir.

Cadavid defiende la ‘ley de mérito’

El autor de la iniciativa insistió en que su propuesta no busca impedir que un Gobierno modifique los requisitos para ocupar cargos públicos. Su propósito, afirmó, es establecer una carga adicional de argumentación y estudio técnico cuando el Ejecutivo pretenda reducirlos.

“Nosotros no estamos trazando proyectos prohibicionistas”, afirmó Cadavid. Según explicó, se busca que las personas que lleguen a altos cargos cuenten con las capacidades adecuadas para ejercer sus funciones.

La discusión pasará ahora a las plenarias de Senado y Cámara. Las corporaciones deberán conformar subcomisiones para estudiar las objeciones presentadas por la Presidencia y posteriormente elaborar informes que serán sometidos a votación.

Si el Congreso rechaza las objeciones, el proyecto regresará al Gobierno para su sanción. Si el presidente se niega a hacerlo, el presidente del Congreso podría sancionarlo y remitirlo a la Corte Constitucional, que tendría la última palabra.

Las mayorías pueden definir el futuro del proyecto

El escenario político todavía no está definido. Los partidos deberán fijar posición frente a las objeciones y el resultado dependerá de los acuerdos que logre construir el Gobierno con sus bancadas aliadas.

Cadavid reconoció que aún no puede establecer cómo estarán distribuidas las mayorías, pero advirtió que el Gobierno podría utilizar su capacidad política para derrotar la iniciativa.

“Si el Gobierno opera y decide hacer un trabajo y opera para derrotarnos a nosotros, será el trabajo de unas mayorías versus la iniciativa que yo adelanto”, manifestó el senador.

El dirigente del Centro Democrático también defendió la autonomía de su colectividad frente al nuevo escenario político. “Una cosa es ser partido de gobierno y otra desconocer lo que hemos hecho en los últimos años cuando veníamos de ser oposición”, afirmó.

Gobierno y Congreso buscan una salida

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, ya inició conversaciones con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para intentar encontrar una fórmula que permita mantener con vida el proyecto.

Cadavid aseguró que está dispuesto a negociar pese a la decisión del Ejecutivo. “Nosotros seguimos abiertos a buscar un consenso que le sirva al Gobierno, al país, al mérito y al trabajo del Congreso”, señaló.

El futuro de la ‘ley de mérito’ quedará ahora en manos del Congreso. La votación de las objeciones no solo definirá si la iniciativa sobre los requisitos para ocupar cargos públicos continúa su trámite, sino que también medirá la capacidad del Gobierno para consolidar sus mayorías legislativas.

Sala Digital Colmundo