Senado cuestiona efectividad del modelo energético propuesto por el Gobierno

En medio de cifras, advertencias y fuertes posturas críticas, la Comisión Quinta del Senado abrió un debate clave sobre la efectividad del cargo por confiabilidad, un componente esencial del modelo energético colombiano.

El debate, propuesto por los senadores José David Name del Partido de la U, Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, Yenny Rozo del Centro Democrático y apoyado por Didier Lobo Chinchilla de Cambio Radical, se centró en analizar si este cargo que los usuarios pagan para garantizar respaldo eléctrico en momentos críticos como los intensos veranos cumple realmente con su propósito.

Cabe resaltar que es un rubro incluido en la tarifa de energía, destinado a asegurar la disponibilidad de plantas generadoras, especialmente térmicas, en situaciones de emergencia, como sequías extremas. No obstante, varios legisladores cuestionaron su funcionamiento actual y pidieron ajustes urgentes.

El senador Name abrió el debate con una fuerte denuncia: “Desde 2006, los colombianos hemos pagado más de $60 billones por este cargo. Hoy, cada kilovatio cuesta unos 86 pesos. ¿Está cumpliendo realmente su función?” En ese sentido, Name exigió una auditoría a los pagos realizados a Termotesorito, planta a la que, según sus cifras, se le habrían girado $349 mil millones sin contar con el combustible necesario para operar.

Ante estas irregularidades, propuso crear mesas técnicas para revisar a fondo el esquema: “No estamos en contra del cargo, pero debe ser eficiente y responder a la realidad energética del país”.

Por su parte, la senadora Zuleta fue más contundente: propuso eliminar el cargo por confiabilidad en el caso del sector hidráulico. “No se puede confiar en una fuente sujeta a la variabilidad climática. No podemos seguir premiando la incertidumbre”, afirmó, al tiempo que pidió mayor transparencia en la información suministrada por XM y el Ministerio.

En una postura más moderada, el senador Didier Lobo defendió la existencia del cargo como “un seguro que ha evitado apagones”, pero también reconoció la necesidad de ajustarlo. “Son más de $6 billones al año que pagan los colombianos. No podemos seguir así sin una revisión profunda del modelo”, advirtió. También llamó la atención sobre la crítica situación tarifaria en regiones como el Caribe.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconoció que el mecanismo ha perdido efectividad. “El cargo por confiabilidad cobra, pero no garantiza”, señaló. Según Palma, actualmente solo se asegura una confiabilidad financiera, no técnica: “En situaciones de necesidad, algunas plantas no han respondido”.

El funcionario se mostró abierto a reformar el esquema regulatorio y destacó la necesidad de actualizar la Ley 142 y 143, que ya cumplieron 31 años.

Asimismo, la presidenta de ACOLGEN, Natalia Gutiérrez, alertó sobre un déficit del 1,4 % en energía firme para este año, lo que podría ser crítico ante un eventual fenómeno de El Niño. “Necesitamos con urgencia una nueva subasta de energía. Vamos tarde. Hay trabas regulatorias que frenan proyectos, especialmente solares”, indicó.

Gutiérrez reiteró que el sector está dispuesto a participar en mesas técnicas con el Congreso y el Gobierno, y mejorar el modelo sin desmontarlo.

Aunque las posiciones difieren entre eliminar, reformar o mantener el cargo por confiabilidad, existe un consenso sobre la necesidad urgente de revisarlo. La Comisión Quinta del Senado anunció que hará seguimiento a los compromisos adquiridos y buscará avanzar en una propuesta legislativa que garantice un sistema energético más justo, eficiente y sostenible para el país.

Paola Martínez Burgos