Se llevó a cabo la discusión de la Ley 097 ante el Senado de la República. La iniciativa está encabezada por el senador Jota Pe Hernández del Partido Alianza Verde e impulsada por miembros como David Luna. Asimismo, la Plenaria del Senado escuchó a la directora de la Dirección Administrativa del Senado, Astrid Salamanca, y al director de la Dian, Luis Carlos Reyes, sobre las bases tributarias que plantea la iniciativa.
Con 84 votos a favor y cero en contra, se aprobó el proyecto de ley por el cual se pretende disminuir el salario de los congresistas, que en este momento figura en $43.418.537 millones de pesos, la última fórmula firmada por el presidente Gustavo Petro. El pasado martes cumplió su segundo debate de los cuatro que debe tener el proyecto, lo que preocupa al funcionario Hernández, quien aseguró que este proceso podría hundirse debido a las varias modificaciones que se realicen en el transcurso de las ponencias.
Este valor está dividido en Asignación básica $10.498.210, prima de servicios de $14.256.837 y gastos de representación $18.663.490. Además, $1.736.741 por servicio de salud, $2.767.932 por pensión, $434.200 por el fondo de solidaridad pensional, $434.200 por solidaridad por subsistencia y $10.686.000 por retención en la fuente.
Según el documento expuesto por Hernández, la reducción no se dará de manera inmediata, sino que por la posesión del Congreso de la República, se prevé para el 2026. En ese sentido, el valor que se pretende eliminar es la prima especial de servicios que figura en un valor de 14.256.848 millones de pesos.
“Al aprobar la reforma tributaria el Congreso aumentó el impuesto a cargo de todas las personas con altos ingresos, incluyendo a los miembros del Congreso, y eso es un pago mayor y en la práctica una reducción de sus salarios. Se venían pagando anualmente 114 millones de pesos y ahora pasarán a 169 millones de pesos, un aumento de casi 55 millones en tributación adicional”, destacó el director Reyes.
Otro de los expositores en el debate fue el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, quien aseguró que esta propuesta debería ser aprobada incluso para los máximos funcionarios públicos. “Cuando hablamos de disminuir brechas salariales, tenemos que incluir a los altos funcionarios del Estado, no solamente congresistas, sino también los de la rama ejecutiva, judicial, organismos de control e independientes”.
Catalina Hurtado Ladino