La plenaria del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 0378 de 2025, una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos disciplinarios contra abogados que actúen con negligencia, mala fe o se aprovechen de sus clientes. El senador Carlos Fernando Motoa, ponente de la propuesta, destacó que la norma permitirá no solo sancionar a estos profesionales, sino garantizar la reparación económica a las víctimas.
Actualmente, cuando un abogado es sancionado por faltas como cobros excesivos, retención indebida de documentos o negligencia en casos legales, las consecuencias suelen limitarse a procesos disciplinarios. Sin embargo, según Motoa, “las víctimas no reciben compensación alguna”.
“Con este proyecto, los abogados inescrupulosos que se aprovechan de sus clientes o actúan con negligencia no solo enfrentarán sanciones disciplinarias, sino que deberán devolver dineros, bienes y documentos al afectado con mayor celeridad”, explicó el congresista.
Entre enero de 2021 y comienzos de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura registró cerca de 6.000 sanciones a abogados, con un incremento anual de hasta el 110% en faltas disciplinarias. Según el análisis presentado por Motoa:
“Esto revela una problemática reiterativa que afecta especialmente a los sectores más vulnerables”, señaló Motoa.
El proyecto busca agilizar la compensación económica a los afectados mediante herramientas más eficaces para la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
“La idea es que las víctimas no tengan que esperar años en procesos largos. Queremos que, una vez comprobada la falta, el abogado sancionado deba reparar de manera inmediata los perjuicios causados”, afirmó el senador.
La iniciativa pasará a segundo debate en la Cámara de Representantes. De ser aprobada, marcaría un precedente en la protección de los usuarios de servicios jurídicos en Colombia, un sector donde, según las cifras, miles de personas han sido víctimas de malas prácticas.
Contexto: Este proyecto se suma a otras reformas legales recientes que buscan mayor transparencia en profesiones reguladas, como la Ley Anticorrupción y ajustes a la ética profesional.
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Conclusión: La aprobación de esta ley representaría un avance significativo en la protección de los derechos de los usuarios del sistema jurídico colombiano, garantizando no solo sanciones, sino una reparación efectiva para quienes han sido perjudicados por malas prácticas legales.
Humberto ‘Toto’ Torres