“Se daña una reputación y una marca por culpa de decisiones autoritarias” Federico Restrepo ex gerente de EPM

Daniel Quintero alcalde de Medellín, emprendió acciones legales contra las Empresas Públicas de Medellín (EPM), por la contingencia de la hidroeléctrica Hidroituango, lo cual ocasionó la renuncia de la junta directiva de la empresa.

Federico Restrepo, ex gerente de EPM, manifestó que una cosa es la pertinencia de la demanda del alcalde Daniel Quintero contra las empresas y contratistas que diseñaron Hidroituango, y otra es ir en contra de la junta directiva, además no consultarla para adelantar la demanda.

“Son dos puntos completamente diferentes, pero se relacionan porque una decisión origina la otra, aquí lo que llama la atención de la comunidad, es por qué se rompieron las políticas corporativas y se atentó contra los estatutos de la empresa, sin consultar a la junta directiva, por eso es que se ha desatado esta gran tormenta” explicó Restrepo.

Así mismo, explicó que la situación no deja de ser preocupante por lo que significa EPM para los antioqueños, para Colombia y por los que ha hecho a lo largo de sus 65 años en el desarrollo del país.

Restrepo aseguró que, por el tema de vencimiento de términos, tocaba presentar la demanda, además indicó que será la ley quien dictamine quienes son los responsables y así recuperar gran parte de los dineros que han estado comprometidos en el desarrollo de la deuda.

“El punto que no se puede desarrollar, es que se haya desconocido unos estatutos que para bien o para mal, obligaba al gerente más que al alcalde a consultar esa decisión, hay derechos que se van generando y que yo creo que son políticos que generarán un costo grave para la compañía” explicó el ex gerente de EPM.

Además, puntualizó que todo este problema, lleva a EPM a tener problemas económicos y de credibilidad, la cual fue construida durante 65 años “se daña una reputación, una marca, por culpa de unas decisiones autoritarias” precisó.

Por último, aseguró que el alcalde Quintero debió consultar su decisión con la junta directiva, ya que Colombia es un país democrático, y está enmarcada en un marco legal que obligan al alcalde a cumplirlas “y no hacer lo que él crea que es lo correcto, solo porque él es quien define que es lo correcto o no y de esa manera poniendo en grave riesgo la imagen de esta empresa”.