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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en conjunto con la Sala de Reconocimiento de Verdad, inició el caso 09, denominado “Crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos”, que se cometieron a lo largo del conflicto armado en Colombia. Entre los relacionados, serán investigados los integrantes FARC -EP, la fuerza pública, terceros civiles y representantes del estado involucrados.
La intención de la apertura de este caso se da por las múltiples demandas de las víctimas y organizaciones involucradas. Los Pueblos y Territorios Étnicos, en un documento presentado a la JEP, rectificaron que sufrieron desplazamiento forzado, desaparición forzada, racismo, discriminación, entre otros. Según la institución, en los Acuerdo Final de Paz, “han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras”.
“Con la apertura del Caso 09 la JEP, junto con otras instituciones, seguirán incorporando los enfoques diferenciales, garantizando así la efectiva participación de las víctimas en calidad de sujetos colectivos y de sus integrantes, quienes durante décadas fueron silenciadas y que en el marco del Caso 09 tienen una oportunidad histórica de participar, verse representadas, escuchadas y de ser restauradas de manera colectiva e individual en sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y la no repetición de siglos de violencia en sus territorios ancestrales y colectivos”, determinó la Jurisdicción.
Hasta el momento, la Jurisdicción reiteró que de los 976 casos que se identificaron, 435 sí comprenden a componentes étnicos. Entre estos, 177 estuvieron a disposición del Grupo de Análisis de la Información (GRAI), de la organización. Por su parte, entre las investigaciones actuales se encontró 1.350.181 millones de víctimas pertenecientes a Pueblos y Territorios Étnicos.
La JEP, afirmó : “los informes dan cuenta de: primero, relatos sobre crímenes y hechos victimizantes como el asesinato de líderes, lideresas y autoridades étnicas, el desplazamiento forzado de su territorio ancestral y colectivo, la destrucción de los procesos organizativos y de gobierno propio, la profanación de sitios sagrados y la destrucción de ecosistemas, entre otras conductas.
Escrito por Catalina Hurtado Ladino
