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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, representada por Scott Campbell en Colombia, ha concluido una visita a Santander de Quilichao, Cauca, y Cali, Valle del Cauca, en medio de preocupaciones por graves violaciones a los derechos humanos en estas regiones. La visita estuvo marcada por la denuncia de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el reclutamiento forzado de menores y los ataques de grupos armados no estatales contra la población civil. Estas problemáticas surgen en un panorama de debilidad en la protección y la implementación de medidas preventivas por parte de las autoridades correspondientes.
Durante el año 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido informes de 15 homicidios de personas defensoras en estas regiones: 11 en Cauca y 4 en Valle del Cauca. Hasta el momento, cuatro de estos casos han sido verificados como asesinatos de defensores, incluyendo a dos líderes indígenas del Pueblo Nasa. Otros cuatro casos permanecen inconclusos y siete más están en proceso de verificación. Además, la Oficina lleva a cabo el análisis de seis masacres recientes: cinco en Valle del Cauca y una en Cauca.
https://twitter.com/ONUHumanRights/status/1915044195888402824
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se ha reportado un aumento preocupante en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en las comunidades indígenas del norte del Cauca. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), al menos 915 menores han sido reclutados durante este periodo, algunos desde los nueve años. Scott Campbell expresó su conmoción ante las denuncias recibidas por autoridades locales, quienes expusieron el impacto devastador de este fenómeno en las comunidades.
Campbell condenó enérgicamente el reclutamiento forzado, calificándolo como un crimen cruel que compromete el presente y el futuro de los menores afectados. Asimismo, hizo un llamado a los grupos armados no estatales para que liberen a los niños, niñas y adolescentes bajo su control y cesen esta práctica. Además, instó al Estado colombiano y a la sociedad a repudiar estos actos y redoblar esfuerzos en la implementación de estrategias efectivas de prevención y protección, especialmente concertadas con el Pueblo Nasa y otras comunidades vulnerables.
El uso de redes sociales como Facebook y TikTok para reclutar menores también fue motivo de preocupación. Campbell afirmó estar en contacto con las empresas responsables de estas plataformas a nivel global, buscando medidas urgentes para evitar que sean utilizadas como canales de captación en Colombia. Este problema, según el representante, evidencia la necesidad de políticas empresariales más robustas y enfocadas en la protección de los derechos de los menores.
Además de abordar el reclutamiento, Campbell subrayó la importancia de la inclusión económica y social de comunidades históricamente excluidas como medida preventiva contra la violencia. Aplaudió los avances en la Mesa de diálogo social del norte del Cauca, que ha promovido iniciativas de desarrollo comunitario mediante convenios público-privados. Este espacio, conformado por comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y el sector privado, busca resolver conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra.
En reuniones con representantes del Pueblo Nasa y la Fiscalía, Campbell recibió un análisis sobre la estrategia de exterminio cultural en contra de esta comunidad indígena. Los homicidios de guardias indígenas, sabedores ancestrales y defensores de derechos humanos, junto con el reclutamiento de menores, se suman al interés por sus territorios. Varias líderes indígenas manifestaron su resistencia frente a estos ataques, reafirmando su compromiso con la protección de su cultura y territorio para las generaciones futuras.
La visita también incluyó encuentros con defensores de derechos humanos apoyados por la Oficina de la ONU en Buenaventura, Cali y Cauca. Estas reuniones permitieron examinar el estado de implementación de acuerdos con el Estado, los riesgos asociados al control de grupos armados y las luchas contra la impunidad en crímenes como las desapariciones forzadas y los asesinatos durante las protestas de 2021.
La Oficina del Alto Comisionado confirma su disposición a trabajar junto a autoridades, sociedad civil y comunidades indígenas y afrodescendientes para fortalecer la garantía de los derechos humanos en Colombia. Scott Campbell insiste en la necesidad de soluciones negociadas para el conflicto armado en el país, respetando el Derecho Internacional Humanitario y priorizando la protección de la vida y la dignidad humana.
Juan Joya
