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El expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que continúe con la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc, al considerar que su cumplimiento debe asumirse como una política de Estado y no como el legado de un gobierno en particular.
El pronunciamiento se dio durante un congreso internacional organizado por la Contraloría General de la República para conmemorar los diez años de la firma del Acuerdo de Paz, un proceso que continúa siendo evaluado periódicamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese escenario, Santos aseguró que su mensaje al próximo gobierno era “respetuoso, pero firme”, e insistió en que la implementación del acuerdo debe mantenerse independientemente de los cambios políticos.
Santos responde al plan de reformas institucionales del gobierno entrante
La intervención del exmandatario también se produjo luego de que Abelardo de la Espriella anunciara su intención de eliminar varias entidades estatales como parte de un plan de austeridad con el que, según explicó el pasado 13 de julio, espera generar ahorros cercanos a los diez mil millones de pesos anuales.
Entre las entidades que el presidente electo ha planteado suprimir se encuentran la Consejería Comisionada de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, además de reiterar sus cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque durante la campaña propuso eliminar ese tribunal, tras las elecciones moderó esa iniciativa, aunque mantuvo sus críticas. En ese contexto, afirmó que “no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.
El legado del Acuerdo de Paz marca la transición presidencial
El debate sobre el futuro del Acuerdo de Paz se ha convertido en uno de los principales temas de la transición entre el gobierno saliente y el entrante. Frente a las críticas que responsabilizan al acuerdo del deterioro de la seguridad en distintas regiones del país, Santos rechazó esa interpretación.
El Nobel de Paz sostuvo que atribuir el fortalecimiento de grupos como el Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las Farc al acuerdo es una lectura equivocada de la realidad. En sus palabras, “culpar al Acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo”.
Defensoría del Pueblo también pide cumplir lo pactado
El llamado a preservar la implementación del Acuerdo de Paz no provino únicamente del expresidente Santos. La defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó que el cumplimiento de lo pactado constituye una obligación constitucional para cualquier administración, incluida la que encabezará Abelardo de la Espriella.
Marín señaló que cada gobierno tiene autonomía para reorganizar sus instituciones y equipos de trabajo, pero advirtió que no puede haber retrocesos en la ejecución del Acuerdo de Paz ni en la protección de los derechos humanos. En ese sentido, afirmó: “Cualquier gobierno tiene la facultad de organizar sus equipos de trabajo y las instituciones como considere. Lo importante es que no haya regresividad, tanto en el cumplimiento del Acuerdo de Paz como en los objetivos relacionados con la protección de los derechos humanos”.
La JEP insiste en abrir un canal de diálogo con el nuevo Gobierno
Por su parte, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, reiteró la invitación al gobierno entrante para dialogar sobre el papel que desempeña el tribunal dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido una respuesta oficial por parte del equipo del presidente electo.
El magistrado enfatizó que la disposición de la JEP es mantener una relación institucional basada en el respeto y el diálogo, al asegurar que “esa es la lógica de la Jurisdicción: de un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y de la autonomía judicial”.
Con estas posiciones, el futuro del Acuerdo de Paz se perfila como uno de los principales puntos de discusión entre el gobierno saliente y la administración que asumirá el poder el próximo 7 de agosto, en medio de un debate sobre la continuidad de las instituciones creadas tras la firma del histórico pacto con las extintas Farc.
Sala Digital Colmundo
