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Santiago Uribe Vélez se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir la condena de 28 años de cárcel que le fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, dentro del proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.
La entrega fue confirmada por su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien informó a través de sus redes sociales que Santiago Uribe acudió por sus propios medios a una comisaría de Policía para atender la orden de captura emitida tras quedar en firme la sentencia judicial.
“Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, escribió el exmandatario.
Corte Suprema ratificó la condena contra Santiago Uribe
La entrega se produjo pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia, cerrando así una de las etapas más importantes de un proceso judicial que se extendió durante varios años.
La Sala de Casación Penal concluyó que las pruebas recaudadas durante la investigación eran suficientes para establecer que Santiago Uribe desempeñó un papel de dirección y financiación dentro de la estructura paramilitar Los 12 Apóstoles, organización que operó en el norte de Antioquia entre 1990 y 1994.
Además, el alto tribunal respaldó la tesis según la cual el ganadero estuvo vinculado al homicidio de Camilo Barrientos Durán, conductor de una chiva que cubría la ruta entre Yarumal y Campamento y que fue asesinado en febrero de 1994 tras ser señalado de colaborar con grupos guerrilleros.
El asesinato de Camilo Barrientos fue clave en la condena
La sentencia determinó que Barrientos fue identificado por integrantes de Los 12 Apóstoles como supuesto auxiliador de la guerrilla, lo que lo convirtió en objetivo de la organización ilegal.
Según las conclusiones judiciales, Santiago Uribe habría recibido información sobre las presuntas actividades de la víctima y posteriormente coordinado acciones con miembros de la estructura armada, entre ellos alias “Rodrigo” y el entonces oficial de Policía Juan Carlos Meneses.
Los magistrados consideraron acreditado que el asesinato hizo parte de una estrategia sistemática de eliminación de personas catalogadas como “indeseables”, categoría en la que el grupo incluía presuntos delincuentes, consumidores de drogas y supuestos colaboradores de organizaciones insurgentes.
Como consecuencia de estos hechos, la justicia impuso 25 años de prisión por homicidio agravado, pena que posteriormente aumentó con otros tres años adicionales por el delito de concierto para delinquir, alcanzando un total de 28 años de cárcel.
La defensa intentó evitar que la condena quedara en firme
Antes de la captura, la defensa de Santiago Uribe presentó un recurso extraordinario de casación con el objetivo de revertir la sentencia, argumentando que existía un vacío normativo respecto a la posibilidad de acudir simultáneamente a la impugnación especial y a la casación.
El abogado defensor, Jaime Granados, sostuvo que la condena había sido revisada mediante el mecanismo de doble conformidad y no en sede de casación, por lo que consideraba que aún existía una vía jurídica para solicitar una nueva revisión del caso.
En el recurso, la defensa señaló que:
“Por regla general en contra de las sentencias que resuelven sobre impugnaciones especiales no procede el recurso extraordinario de casación”, aunque aseguró que la jurisprudencia ha permitido excepciones cuando coinciden decisiones absolutorias y condenatorias dentro de un mismo proceso.
Asimismo, Granados pidió que se privilegiara el derecho sustancial sobre los aspectos formales del procedimiento judicial y que se garantizara el acceso efectivo a la administración de justicia.
Sin embargo, la Corte Suprema rechazó la solicitud al considerar improcedente dicho mecanismo, dejando ejecutoriada la condena.
Los 12 Apóstoles y los crímenes considerados de lesa humanidad
Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la ratificación del carácter de lesa humanidad de los delitos atribuidos a Los 12 Apóstoles, una organización que, según los jueces, desarrolló una política sistemática de exterminio contra determinados sectores de la población civil.
La sentencia concluyó que los ataques fueron generalizados, frecuentes y dirigidos contra múltiples víctimas previamente estigmatizadas como colaboradoras de la guerrilla.
Entre las pruebas valoradas por los magistrados sobresalieron varias declaraciones del exintegrante del grupo Alexander Amaya, quien señaló a Santiago Uribe como una figura directiva y de financiación dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con la Corte, el delito de concierto para delinquir estuvo orientado a cometer graves violaciones a los derechos humanos y a ejecutar acciones de exterminio contra habitantes de Yarumal, en Antioquia, con la participación de civiles, comerciantes, propietarios de tierras y agentes estatales.
Definen lugar de reclusión
Tras su entrega voluntaria, las autoridades deberán adelantar los procedimientos de legalización de la captura y coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el centro de reclusión donde Santiago Uribe cumplirá la condena que quedó en firme luego de la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia representa uno de los fallos más significativos relacionados con el paramilitarismo en Antioquia y cierra, al menos por ahora, una larga batalla judicial que involucró al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
