Sanguino, designado ministro de Trabajo, sobre imputación: “Es una maniobra jurídica equivocada”

La Fiscalía General de la Nación imputó en octubre de 2024 a Antonio Sanguino, recién designado ministro de Trabajo por el presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio. Así lo reveló en primicia el periodista Julio Sánchez Cristo a través de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados ocurrieron en 2008, cuando Sanguino era concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, durante la administración del fallecido exalcalde Samuel Moreno. Según la Fiscalía, el ahora ministro habría presionado el nombramiento de una cuota política suya como gerente del Hospital de Usme y, en un presunto acuerdo con un contratista y el secretario de Salud de la época, buscó beneficiarse económicamente de la construcción del hospital.

¿En qué consiste la acusación?

El caso, que se remonta a la época del llamado ‘carrusel de la contratación’, apunta a que Sanguino habría pactado con el contratista Julio Gómez y otros funcionarios la adjudicación de contratos a cambio de repartirse parte de los recursos destinados a la obra.

La Fiscalía radicó el escrito de acusación en enero de 2025 y está a la espera de que la justicia fije una fecha para la audiencia en la que se determinará si Sanguino debe enfrentar un juicio.

Sanguino defiende su inocencia

El también exsenador e integrante de la Alianza Verde rechazó la imputación y aseguró que los hechos que se le atribuyen ya “prescribieron”, por lo que, en su criterio, la Fiscalía estaría incurriendo en “maniobras jurídicas equivocadas”.

“El Código Penal establece un plazo de prescripción de 18 años para el delito de interés indebido en la celebración de contratos, y en mi caso, ese plazo venció en 2026”, argumentó Sanguino en su cuenta de X. Además, insistió en que la Corte Suprema de Justicia lo investigó en su momento sin formularle cargos, y que ninguna administración anterior de la Fiscalía había procedido en su contra.

¿Podría ser procesado?

Si bien Sanguino insiste en que la acción penal prescribió, la Fiscalía sostiene que la imputación reinicia el conteo del plazo de prescripción, lo que daría al ente acusador un margen de hasta nueve años más para llevarlo a juicio.

En caso de que la acusación prospere, Sanguino ha anunciado que su defensa presentará solicitudes de preclusión y nulidad, afirmando que se le está vinculando injustamente a hechos de corrupción.

Mientras la situación avanza en los estrados judiciales, el designado ministro del Trabajo enfrenta una incertidumbre política y legal que podría afectar su eventual posesión en el cargo.

 Humberto ‘Toto’ Torres