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El Gobierno Nacional sancionó una ley destinada a prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, con el objetivo de garantizar su participación en condiciones de equidad en procesos electorales y el acceso a cargos públicos. Esta normativa, que abarca todos los niveles del Estado, busca fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres y erradicar prácticas discriminatorias en el ámbito político.
La ley define la violencia política contra las mujeres como cualquier acción, conducta u omisión que cause daño físico, psicológico o moral, con la intención de restringir el ejercicio de sus derechos. Este marco legal contempla agresiones en el ámbito público y privado, sin importar la afiliación política de la víctima, y reconoce diversas formas de violencia, como la verbal, digital, económica y simbólica.
https://twitter.com/NormatividadCEL/status/1907882277930926568
Entre las disposiciones más relevantes, la normativa establece que los delitos relacionados con violencia política serán sancionados conforme a tratados internacionales de derechos humanos y equidad de género ratificados por Colombia. Además, se implementarán estrategias de prevención y monitoreo para garantizar procesos democráticos libres de discriminación y violencia.
El marco legal también tipifica modalidades específicas de violencia, como la vicaria, que afecta a las mujeres mediante agresiones dirigidas a sus familiares; la digital, que se manifiesta en redes sociales; la económica, que limita el acceso a recursos para campañas políticas; y la simbólica, que perpetúa estereotipos de género en el ámbito político.
La ley, aprobada por el Congreso en 2023 y revisada por la Corte Constitucional, fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Este marco establece nuevas obligaciones a entidades como el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo.
En cuanto a las competencias, el Consejo Nacional Electoral deberá promover medidas de prevención durante los procesos electorales, mientras que la Registraduría garantizará el derecho de las mujeres a participar en política libres de discriminación. Los partidos políticos también estarán obligados a sancionar actos de violencia, incluso con multas de hasta 50 salarios mínimos.
Las mujeres víctimas de violencia política tendrán derecho a medidas cautelares inmediatas para la restitución de sus derechos y podrán ser vinculadas al Programa Integral de Garantías a Lideresas Defensoras de Derechos Humanos. Este programa estará a cargo del Ministerio del Interior y busca brindar protección integral a las afectadas.
La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, afirmó que esta ley marca un avance significativo en la lucha contra la violencia política hacia las mujeres, estableciendo un precedente en la protección de sus derechos y en la promoción de la equidad de género en el ámbito político.
https://twitter.com/CathyJuvinao/status/1908157096937365870
Juan Joya
