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22 junio, 2026La crisis del sistema de salud se convirtió en la principal inquietud de los ciudadanos en Colombia, desplazando a la corrupción del primer lugar en la lista de problemas que más preocupan al país. Así lo revela un estudio de percepción ciudadana realizado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y la firma Eureka Group, que advierte sobre el creciente deterioro en la prestación de servicios médicos y el acceso a medicamentos.
La investigación, desarrollada a partir de 1.560 encuestas presenciales en 47 municipios del país, encontró que el 26,1 % de los colombianos considera que la falta o deficiencia en los servicios de salud es el problema más grave que enfrenta actualmente la nación. Esta cifra supera a la corrupción, que obtuvo un 19,8 %, seguida por la delincuencia con 7,6 % y el desempleo con 4,2 %. El informe destaca que los niveles de preocupación por la salud no se registraban desde los momentos más complejos de la pandemia en 2020.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio tiene que ver con la diferencia en la experiencia de los usuarios de EPS intervenidas por el Gobierno y aquellas que continúan operando sin intervención. Mientras el 49,5 % de los afiliados a EPS no intervenidas aseguró recibir atención médica sin inconvenientes, en las entidades intervenidas el porcentaje cayó al 33 %. Además, cerca de uno de cada cinco usuarios de estas últimas afirmó no haber recibido el servicio de salud que solicitó.
La situación también se refleja en la entrega de medicamentos. Solo el 25,3 % de los afiliados a EPS intervenidas reportó recibir completos los tratamientos formulados, frente al 43,5 % de quienes pertenecen a EPS no intervenidas. Asimismo, las negativas en la prestación de servicios alcanzaron el 20,6 % en las entidades bajo control estatal, mientras que en las demás EPS el indicador fue de 10,5 %. A esto se suman mayores retrasos en la asignación de citas médicas, con una diferencia de más de ocho puntos porcentuales entre ambos grupos.
Las dificultades en el acceso a la atención han tenido un impacto directo en las finanzas de los hogares. El 38,5 % de los afiliados a EPS intervenidas aseguró haber tenido que asumir gastos de su propio bolsillo para acceder a servicios médicos, en contraste con el 22,2 % registrado entre usuarios de EPS no intervenidas. De manera general, el estudio señala que el 21,8 % de la población destina entre 500 mil y un millón de pesos mensuales para cubrir necesidades relacionadas con la salud.
En cuanto a la reforma al sistema de salud promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, los resultados muestran una opinión dividida. El 43,6 % de los encuestados manifestó respaldar la iniciativa, aunque solo el 30,4 % está de acuerdo con la eliminación definitiva de las EPS. Por otro lado, el 69 % considera importante que el sector privado continúe participando en la administración del sistema, mientras que el 57,6 % cree que la responsabilidad de garantizar la atención médica debe ser compartida entre el Estado y los privados.
El informe también indagó sobre las preferencias de los ciudadanos respecto a dónde recibir atención médica. El 37 % afirmó preferir instituciones privadas, frente al 20,8 % que se inclina por entidades públicas, lo que refleja una percepción diferenciada sobre la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos.
Finalmente, la medición de confianza reveló una marcada diferencia entre los distintos modelos de aseguramiento. La desconfianza hacia las EPS intervenidas por el Gobierno alcanzó el 30 %, mientras que en las EPS no intervenidas se ubicó en 12,8 %. Los responsables del estudio señalaron que las próximas fases de la investigación profundizarán en los resultados por regiones, grupos de edad y condiciones socioeconómicas para entender con mayor detalle cómo perciben los colombianos el estado actual del sistema de salud.
Humberto ‘Toto’ Torres




