Salario mínimo: Gobierno insiste en consenso mientras se prepara para decretar ajuste

¿La insistencia sindical en un aumento de dos dígitos responde a necesidades reales de los trabajadores o a cálculos políticos?

La discusión sobre el salario mínimo de 2026 cerró su primera etapa sin acuerdo entre sindicatos y empresarios. Los trabajadores plantearon un aumento del 16%, lo que llevaría la remuneración básica a $1’833.260, mientras los empleadores defendieron un ajuste del 7,2%, equivalente a $1’740.554.

“El primer tiempo de este proceso de concertación terminó ayer”, explicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al recordar que la Ley 278 de 1996 regula el procedimiento para definir el incremento. La norma establece que, tras la primera ronda, las partes cuentan con 48 horas para presentar salvedades frente a las propuestas de sus contraparte.

Una vez recibidas esas observaciones, el Ministerio de Trabajo evalúa si existen posibilidades de acercar posiciones y, de ser así, convoca un segundo tiempo de negociación que se extiende hasta el 30 de diciembre. Este plazo es el límite legal para intentar un acuerdo antes de que el Gobierno asuma la decisión.

Las centrales sindicales insistieron en un incremento de dos dígitos, mientras los gremios empresariales se mantuvieron en su planteamiento inicial. “Las propuestas son relativamente distantes, casi el doble es la diferencia”, reconoció el ministro, quien reiteró que el Gobierno busca fórmulas que permitan aproximar las posturas.

El contexto macroeconómico fue destacado como un factor que podría facilitar un acuerdo. El crecimiento económico en el último trimestre se ubicó en 3,6%, la tasa de desocupación descendió a 8,2% y la inflación se mantiene en 5,2%. Según el Ministerio, estas cifras ofrecen un ambiente favorable para la concertación.

La ausencia de algunos gremios en la mesa de negociación ha marcado el proceso. El ministro lamentó que sectores directamente impactados por el incremento, como el comercio, no hayan participado de manera activa en las sesiones. Reiteró la invitación para que definan representantes y se integren a la discusión.

Si no se logra consenso, la Ley 278 de 1996 faculta al Gobierno para fijar el incremento mediante decreto. En ese escenario, la decisión debe considerar la inflación causada, la inflación esperada para el año siguiente y la productividad, además del aporte de los salarios a las cuentas nacionales y al producto interno bruto. “Si el Gobierno tiene la decisión en sus manos, será una determinación en justicia desde el punto de vista social y laboral, pero también con responsabilidad frente a las variables macroeconómicas,” puntualizó Sanguino.

La definición del salario mínimo de 2026 deberá resolverse antes del 30 de diciembre, fecha límite establecida por la ley para que el ajuste sea producto de un acuerdo o de una decisión presidencial.

Juan Joya