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12 marzo, 2026
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizó en Cali la diligencia de desalojo y recuperación de un predio vinculado al proceso judicial contra el narcotraficante Darío Echeverry Monsalve, quien fue capturado el 13 de octubre de 1999 en Bogotá y posteriormente extraditado a Estados Unidos. El inmueble, ubicado en el sector de Pance, tiene un avalúo comercial superior a los $4.078 millones y un área de 3.956 metros cuadrados. Según las autoridades, el bien hace parte de los activos investigados por su presunta relación con actividades de narcotráfico.
La SAE explicó que el procedimiento forma parte de las acciones adelantadas para recuperar bienes vinculados a organizaciones criminales, y señaló que la medida busca garantizar que estos activos pasen a tener un uso social. Con esta actuación se cerró un proceso que se extendió por varios años. De acuerdo con los antecedentes judiciales, las investigaciones establecieron que Echeverry Monsalve lideraba una organización dedicada al transporte de cocaína. La estructura criminal tenía como base de operaciones el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.
En medio de las pesquisas, la Fiscalía General de la Nación realizó varios allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín como parte del proceso de extinción de dominio con el fin de identificar bienes presuntamente adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas. Las autoridades también rastrearon diferentes propiedades asociadas al caso con el objetivo de incorporarlas al proceso judicial para su posterior recuperación por parte del Estado.
En ese sentido, la entidad expuso que el inmueble permanecía ocupado sin autorización desde hace varios años. “Este inmueble se encontraba ocupado de manera irregular desde 2005. La medida de embargo fue inscrita ese mismo año y, posteriormente, en 2018 se profirió la sentencia de extinción de dominio que hoy permite su recuperación”, afirmó Catalina Serrano, directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la organización. Con esa decisión judicial, el Estado quedó habilitado para recuperar formalmente el predio.
La funcionaria indicó que el proceso culminó con la diligencia de desalojo realizada recientemente y subrayó que este paso permitió retomar el control del inmueble y destinarlo a proyectos sociales. Además, el expediente también está relacionado con la Operación Milenio, considerada una de las ofensivas internacionales más importantes contra el narcotráfico a finales del siglo XX. Esta operación fue coordinada por agencias estadounidenses como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con apoyo de la Policía Nacional de Colombia.
Las acciones se desarrollaron en 1999 y permitieron avanzar en procesos judiciales contra varias estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas. Dentro de esas investigaciones se identificaron múltiples bienes relacionados con estas organizaciones. Algunos de ellos fueron incorporados a procesos de extinción de dominio y, ahora el predio recuperado en Cali hace parte de esos activos que quedaron bajo control del Estado.
Tras la recuperación del inmueble, la SAE decidió destinarlo al Colectivo Justicia Racial, una organización colombiana sin ánimo de lucro que trabaja en la defensa de los derechos humanos y la promoción del acceso a la justicia. Desde allí se impulsan iniciativas relacionadas con la protección de la naturaleza, la lucha contra el racismo y el acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia. Como parte de su proyección social, el colectivo propone crear un museo de memoria sobre los impactos de las políticas de drogas en diferentes territorios del país.
“Este espacio se proyecta como un lugar para documentar las afectaciones que han tenido las políticas de drogas en muchas comunidades del país… Queremos que también sea un escenario para la memoria, el diálogo y la generación de oportunidades para las víctimas”, concluyó Camila Mosquera, representante legal de la organización. Finalmente, con esta destinación, la SAE señaló que continúa avanzando en su estrategia de convertir bienes provenientes de economías ilegales en espacios que aporten al desarrollo social y comunitario.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
