SAE detecta nueve predios invadidos y utilizados para actividades ilícitas en Bogotá, no se descarta demolición

En un operativo conjunto de inspección, vigilancia y control liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía de Santa Fe, se identificaron nueve predios bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que han sido invadidos y utilizados con fines ilícitos.

La situación encendió las alertas en las autoridades, especialmente en la Policía Metropolitana, al constatar que estos inmuebles, incautados anteriormente a organizaciones criminales, han vuelto a ser ocupados ilegalmente para el expendio de drogas y el almacenamiento de mercancía de contrabando.

Ante este panorama, la SAE no descarta la demolición de los predios como medida definitiva para erradicar su uso criminal.

“Estamos ante una amenaza real para la seguridad y la legalidad en los territorios. Estos predios, que deberían estar cumpliendo una función social, han sido tomados por estructuras criminales. No vamos a permitir que sigan siendo trincheras del delito. Si no pueden ser utilizados para transformar vidas, deberán ser demolidos”, afirmó Catalina Serrano, directora para la Democratización de Inmuebles Urbanos de la SAE.

La entidad calificó estos casos como una grave violación al principio de legalidad y al uso adecuado del patrimonio público. Los predios, que debían contribuir a la reconstrucción social tras haber sido arrebatados a redes delincuenciales, están nuevamente al servicio del crimen organizado.

En respuesta, la SAE ha intensificado su coordinación con autoridades judiciales, la Policía y entes territoriales, con el objetivo de recuperar el control de estos inmuebles. Sin embargo, advirtió que si persisten los riesgos para la seguridad, la demolición será una medida legítima y necesaria para proteger tanto a las comunidades como al Estado.

Actualmente, la entidad adelanta procesos de verificación y análisis jurídico para determinar qué predios pueden ser recuperados para fines sociales como centros comunitarios, sedes institucionales o proyectos productivos, y cuáles requieren intervención estructural o demolición.

Este anuncio representa un giro en la política de administración de bienes incautados. La SAE reafirma su compromiso no solo con la custodia de estos activos, sino con su transformación en herramientas de cambio social. Y, en caso de que esto no sea posible, garantizar que jamás vuelvan a ser utilizados como plataformas para el crimen.

Paola Martínez Burgos