“Ruta por la Vida”: el Concejo de Bogotá defiende la constitucionalidad de un proyecto en medio de una acalorada controversia

En medio de un intenso debate político y social, el Concejo de Bogotá reafirmó este miércoles que el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, conocido como “Ruta por la Vida”, es constitucional y no crea barreras al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como han denunciado varios sectores.

La iniciativa, promovida por la concejal Clara Lucía Sandoval, del Partido Liberal, fue aprobada en segundo debate y ahora avanza hacia la etapa de sanción por parte del alcalde Carlos Fernando Galán.

Desde el Concejo se aclaró que el proyecto no crea una “Ruta Integral de Atención en Salud” ni modifica la Ruta Materno Perinatal del nivel nacional, la cual está regulada por resoluciones del Ministerio de Salud. El documento destaca que las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) son protocolos técnicos obligatorios para prestadores y aseguradores, cuya competencia es del orden nacional.

Asimismo, los impulsores explicaron que la “Ruta por la Vida” se concentra en acciones de acompañamiento psicosocial, orientación y articulación intersectorial, sin establecer procedimientos clínicos ni requerimientos sanitarios que limiten el acceso a servicios de salud reproductiva.

Según la concejal, el texto no impone valoraciones obligatorias ni requisitos adicionales para acceder a la IVE y, por el contrario, garantiza el derecho a la autonomía y a la decisión libre e informada de la mujer.

Pese a estas garantías, la iniciativa ha generado fuertes críticas. Organizaciones sociales, grupos feministas y autoridades distritales han advertido que el proyecto podría introducir barreras de facto para acceder a la IVE si se implementan pasos previos como asesorías o acompañamientos que, aunque voluntarios según la norma, podrían convertirse en filtros indirectos.

Además, la Secretaría Distrital de Salud advirtió que la propuesta excede las competencias del Concejo al pretender definir rutas de atención, una función que, según la entidad, corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud y Protección Social.

Por su parte, colectivos defensores de derechos reproductivos califican la iniciativa como una posible forma de estigmatización y retroceso frente a los avances en derechos sexuales y reproductivos alcanzados en la ciudad y el país.

Con la aprobación en plenaria y las aclaraciones jurídicas emitidas por el Concejo, el proyecto aguarda ahora la sanción o posible objeción por parte del alcalde Galán, acto que podría definir su vigencia o abrir la puerta a un eventual litigio ante la falta de consenso político y social.

Paola Andrea Martínez Burgos