RTVC enfrenta demanda por contratos de logística que superarían su misión institucional: “abstenerse de suscribir contratos” 

Una demanda contra RTVC, el sistema de medios públicos, asegura que la entidad no está siendo transparente en la ejecución de convenios interadministrativos, los cuales en 2024 sumaron más de $85,7 mil millones. El caso, admitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pone bajo la lupa la forma en que la compañía estatal ha contratado servicios que, según los demandantes, desvían a la entidad de su objeto social.

La acción popular fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, organización que en el pasado se ha opuesto a decisiones del gobierno de Gustavo Petro, como la consulta popular y la resolución que fijó el aumento de la unidad de pago por capitación. En este proceso, la ONG cuestiona que RTVC, bajo la gerencia de Hollman Morris, recurra a convenios interadministrativos para escoger “a dedo” operadores privados. Según el recurso, esto convierte a la entidad en un “vehículo de intermediación para eludir el régimen de selección objetiva”, lo que vulneraría la moralidad administrativa y la libre competencia.

La Fundación sostiene que RTVC se comprometió con agencias estatales a funcionar como una empresa logística, celebrando contratos como el suscrito con Colpensiones para ejecutar entre julio de 2024 y junio de 2025 servicios “integrales”. Entre ellos, diseñar y producir jornadas institucionales, lo que incluyó actividades como alquilar tarimas, vallas, carpas, sillas, mesas, manteles e incluso servicios de alimentación, todo mediante la subcontratación a privados.

La demanda advierte que la estructura interna de la entidad agrava el problema: en 2023 RTVC tenía solo 60 empleados de planta frente a más de 1.800 contratos de prestación de servicios, sin que ninguno se dedicara exclusivamente a la ejecución de los convenios. Esto, a juicio de los demandantes, crea riesgos de relaciones laborales encubiertas.

En contraste, RTVC rechaza las acusaciones. En un escrito de 28 páginas radicado el 18 de septiembre, la sociedad argumentó que no ha incurrido en “corrupción, favoritismo indebido, desviación de poder” ni “opacidad en la gestión”, y que tampoco existe evidencia de daño al patrimonio público. Su defensa sostiene que la entidad cuenta con un objeto social “amplio” que le permite contratar “servicios conexos y logísticos indispensables para cumplir su misión”.

El magistrado Fabio Iván Afanador, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, será el encargado de decidir sobre el caso. El último documento recibido por su despacho, el 23 de septiembre, provino de la Fundación para el Estado de Derecho, que insistió en que se le ordene a RTVC mayor transparencia en sus procesos contractuales.

Además, la organización pidió que se escuche a Fabián Romero, revisor fiscal de Nexia Montes & Asociados, la firma que auditó los estados financieros de RTVC. En la demanda se advierte que los resultados de 2024 —ingresos por $363,7 millones y utilidades de apenas $39,5 millones— muestran márgenes estrechos y una “fragilidad persistente” en la sostenibilidad económica del sistema de medios públicos.

La Fundación aspira a que el Tribunal le ordene a RTVC “abstenerse de suscribir contratos interadministrativos cuyo objeto no guarde relación directa con su objeto misional”, o que no pueda ejecutar con recursos propios sin recurrir a terceros.

Humberto ‘Toto’ Torres