RTVC, bajo fuego cruzado: Daniel Briceño denuncia presunta persecución, propaganda y un millonario contrato para demandarlo

RTVC volvió al centro del debate político y mediático tras las denuncias hechas por Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, quien aseguró que el sistema de medios públicos del Estado estaría incurriendo en prácticas de persecución política, propaganda gubernamental y presuntas irregularidades contractuales para enfrentar judicialmente a sus críticos.

En entrevista con Colmundo Radio, Briceño afirmó que la controversia no se limita a una posible demanda en su contra, sino que hace parte de un contexto más amplio, que calificó como una “estrategia sistemática” desde RTVC para atacar a la oposición y blindar al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según Briceño, el problema de fondo es la transformación del sistema de medios públicos en un instrumento político. “RTVC realmente se ha convertido en un mecanismo de propaganda y de persecución a la oposición”, aseguró, al tiempo que cuestionó la línea editorial de algunos de sus contenidos y la contratación de medios y creadores afines al Gobierno.

El candidato mencionó, entre otros ejemplos, la contratación de la revista Raya, a la que señaló de recibir cerca de 500 millones de pesos semestrales, y declaraciones emitidas al aire que, a su juicio, evidenciarían una postura política explícita desde RTVC.

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Audios, contratos y presuntas presiones

Briceño sostuvo que sus denuncias no carecen de sustento y aseguró contar con audios, documentos y contratos que respaldarían sus afirmaciones. Entre los hechos más graves mencionó presuntas extorsiones a contratistas, acoso a periodistas y mujeres, así como presiones políticas internas.

Uno de los puntos centrales de la controversia es la revelación hecha por el periodista Santiago Ángel de una conversación interna en la que, según Briceño, se habría planteado hacerle seguimiento personal, revisar su información financiera e incluso “ponerle un hacker” por sus denuncias públicas. “Por decir la verdad, con pruebas, ahora me van a demandar”, afirmó.

De acuerdo con Briceño, RTVC habría suscrito o estaría por suscribir un contrato por cerca de 465 millones de pesos con una firma de abogados vinculada a la esposa del exfiscal general Eduardo Montealegre, dentro de un paquete contractual que, según él, supera los 2.100 millones de pesos en el actual Gobierno.

A su juicio, el objetivo del contrato sería frenar sus denuncias mediante acciones judiciales. “Me quieren poner a Montealegre como un perro de caza para silenciarme, pero no lo van a lograr”, aseguró.

La respuesta de RTVC

RTVC y su director, Hollman Morris, anunciaron recientemente acciones judiciales, disciplinarias y administrativas para proteger el buen nombre de la entidad y de sus colaboradores, argumentando que cerca de 100 publicaciones de Briceño los vinculan, sin sustento, con conductas ilícitas.

Frente a esto, el candidato fue enfático: “El prestigio no se compra ni se gana en tribunales, se construye. RTVC ha perdido el respeto de los colombianos”. Añadió que la pérdida de legitimidad del sistema de medios públicos comenzó, según él, con el nombramiento de Morris como director.

Briceño señaló que, de comprobarse el uso de recursos públicos con fines políticos, deberían existir consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. No obstante, expresó su desconfianza en los actuales órganos de control, a los que calificó de actuar con cercanía al Gobierno. “A mí solo me queda acudir a la opinión pública y seguir denunciando”, afirmó.

Impacto en su campaña

Pese a la controversia, Briceño descartó que la situación afecte de manera significativa su aspiración al Congreso. Reconoció, sin embargo, que deberá asumir costos legales. Según dijo, su campaña, basada en trabajo de calle, redes sociales y sin grandes eventos, continúa creciendo y en los próximos días presentará un paquete de más de 16 proyectos de ley, con énfasis inicial en educación.

Mientras avanzan las acciones legales anunciadas por RTVC y las denuncias del candidato, el caso reabre el debate sobre el papel de los medios públicos, la libertad de crítica y los límites entre información, propaganda y persecución política en Colombia.

Paola Andrea Martínez Burgos