Rodolfo Hernández podría tener que responder por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial

La Fiscalía ha decidido imputar cargos al excandidato presidencial Rodolfo Hernández y a su esposa, Socorro Oliveros, quien también fungió como gerente de campaña. Este señalamiento surge a raíz de supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial en 2022.

La denuncia, presentada por abogados vallecaucanos en junio de 2022, alega que Hernández habría incurrido en gastos prohibidos al destinar más de $127 millones para financiar su propia aspiración presidencial, violando así la Ley 1475.

La acusación se fundamenta en la prohibición de financiar campañas con recursos no permitidos. El excandidato, actualmente enfrentando procesos judiciales por delitos contra la administración pública, se le acusa de utilizar recursos propios, pasando por alto la normativa vigente.

Óscar Fuentes, el abogado que lidera la denuncia, argumenta que el uso de recursos propios por parte de Hernández va en contra de la legalidad. Además, resalta que infringir la Ley 1475 implica que ninguna campaña puede recibir o utilizar dinero proveniente de fuentes prohibidas.

“Ninguna campaña puede recibir dinero ni incluir en su presupuesto recursos que están prohibidos por la ley”, subrayó Fuentes.

La audiencia de imputación de cargos, realizada de manera virtual en la mañana del viernes 12 de enero ante el Juzgado 8 Penal de Control de Garantías de Bucaramanga, fue el escenario donde Rodolfo Hernández y Socorro Oliveros optaron por no aceptar cargos relacionados con el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.

Juan Joya