Revocatorias de candidaturas y tensiones institucionales marcan el panorama electoral rumbo a 2026

Las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre listas y candidaturas han reavivado el debate sobre la imparcialidad, los tiempos procesales y la necesidad de reformar las autoridades electorales en Colombia. Así lo explicó en entrevista con Colmundo Radio el director del Observatorio de Democracia de la Universidad del Rosario, Yann Basset, experto en sistema electoral. Las determinaciones del CNE vuelven a poner en el centro la discusión sobre la legitimidad y el diseño del sistema electoral colombiano.

A pocos meses de los comicios legislativos de 2026, el escenario político colombiano atraviesa un momento de alta tensión jurídica e institucional. La revocatoria de candidaturas, una figura poco visible para la opinión pública hasta ahora, se ha convertido en protagonista tras decisiones recientes del CNE que han afectado a varios aspirantes y, de forma excepcional, a listas completas.

Durante el informativo digital de Colmundo Radio, el académico explicó que la revocatoria de candidatura es un mecanismo preventivo cuyo objetivo es “depurar las listas para evitar que resulte electa una persona que después deba ser inhabilitada”. Entre las causas más comunes se encuentran sanciones penales vigentes, el incumplimiento de requisitos legales o la llamada doble militancia, cuando un político apoya o pertenece simultáneamente a más de una colectividad.

Según el experto, la mayoría de estas decisiones se apoyan en reglas existentes desde hace más de una década, en particular la Ley 1475 de 2011, así como en una amplia jurisprudencia electoral. Sin embargo, la coyuntura actual presenta elementos inéditos que han generado nuevas controversias jurídicas.

Uno de ellos es la transformación del Pacto Histórico, que pasó de ser una coalición en elecciones anteriores a constituirse como partido político. Esa mutación, indicó, no estaba plenamente prevista en la normatividad vigente y ha generado choques interpretativos sobre cómo aplicar ciertas reglas, especialmente las relacionadas con la conformación de coaliciones y el umbral del 15 % de votación previa requerido para presentarse en alianza al Congreso. Este cambio de naturaleza jurídica ha abierto vacíos interpretativos en el sistema electoral.

“La novedad está en cómo se contabiliza ese porcentaje cuando antes no era un partido, sino una coalición, y cuando no todos los partidos que integraban esa alianza se fusionaron en la nueva colectividad”, explicó. Este vacío ha dado lugar a diferencias de criterio entre el CNE y el Consejo de Estado, lo que alimenta la polémica.

Otro punto que ha llamado la atención es la revocatoria de listas completas en circunscripciones como Bogotá y el Valle del Cauca, algo que el académico calificó como poco frecuente. La excepcionalidad del caso radica en la naturaleza inédita de la situación y en las reglas que limitan a los partidos a conformar una sola coalición cuando superan determinado porcentaje de votación en la elección anterior.

Pese a la gravedad del escenario, señaló que aún existe un margen de maniobra: las colectividades afectadas cuentan con un plazo corto para corregir la inscripción de sus listas y ajustarse a las exigencias del CNE, evitando quedar por fuera del tarjetón. El margen de corrección es limitado y está condicionado por el calendario electoral.

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Apelaciones y falta de tiempo

En teoría, los candidatos o partidos pueden apelar las decisiones y acudir como última instancia al Consejo de Estado. En la práctica, sin embargo, los tiempos electorales juegan en contra. Con la elección tan próxima, resulta improbable que se alcance un fallo definitivo antes de la impresión de los tarjetones.

Este factor, advirtió, reabre un debate de fondo: el CNE es una autoridad administrativa y no judicial, pero sus resoluciones pueden afectar derechos fundamentales como la participación política. La naturaleza administrativa del CNE contrasta con el impacto judicial de sus decisiones. Recordó que discusiones similares se presentaron en el pasado, como en el caso que llevó al entonces alcalde Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La eventual exclusión de listas en plazas clave como Bogotá y el Valle podría tener efectos directos en la representación del próximo Congreso. El problema no es solo político, sino institucional, pues interpretaciones novedosas y decisiones tomadas en instancias administrativas generan incertidumbre y desconfianza.

En ese contexto, volvió a cobrar vigencia la propuesta de reformar las autoridades electorales, impulsada años atrás por la Misión Electoral Especial surgida tras los acuerdos de paz. Entre las iniciativas planteadas está la creación de una corte electoral especializada, capaz de resolver controversias con mayor legitimidad y en plazos compatibles con el calendario electoral.

“La judicialización del proceso electoral no es nueva”, recordó, citando casos de elecciones pasadas en las que la elegibilidad de candidatos se resolvió en medio de intensas controversias públicas. La ausencia de una instancia judicial rápida y definitiva profundiza estos conflictos, insistió.

Finalmente, el académico reconoció que, por su origen político, el CNE suele quedar en el centro de cuestionamientos sobre parcialidad, especialmente en situaciones complejas y sin precedentes claros. Este escenario evidencia un problema estructural del sistema electoral colombiano, que deberá afrontarse mediante una reforma integral.

“El reto es que este debate se dé de manera sana y con deliberación en el próximo Congreso”, concluyó, subrayando la importancia de fortalecer la institucionalidad para garantizar confianza y estabilidad en los procesos democráticos.

Paola Andrea Martínez Burgos