El Juzgado Segundo Penal de Circuito Transitorio de Bogotá tomó una decisión significativa en el ‘Caso Laura Sarabia’, al revocar el beneficio de detención domiciliaria otorgado a la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla. En su lugar, se ha ordenado su captura inmediata para que cumpla su medida de aseguramiento en un centro de reclusión.
Esta resolución también afecta a otros cuatro policías de la Sijín y la Dijín, quienes continúan privados de la libertad debido a su presunta implicación en las interceptaciones ilegales dirigidas a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la directora de Prosperidad, Laura Sarabia.
Dana Canizales había obtenido prisión domiciliaria en septiembre, pero la juez ha argumentado que su permanencia en un centro carcelario es esencial para proteger la investigación. La falta de un acto administrativo que respalde su renuncia a la policía ha sido un factor determinante en esta decisión.
La patrullera Canizales deberá cumplir esta orden en la cárcel de Policía de Facatativá o en el lugar que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en un pabellón destinado a funcionarios públicos.
La Fiscalía ha acusado a los implicados de manipular testigos y destruir pruebas con el fin de obstruir el proceso judicial. Se les imputan varios delitos, entre ellos violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad ideológica en documento público.
En audiencias preliminares, la fiscal encargada mencionó a los uniformados Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales como los responsables de alterar el informe de la Sijín correspondiente a los actos urgentes del día del robo en la casa de la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia.
Este caso también ha llevado a la privación de la libertad de Freddy Alexander Gómez, un policía de la Sijín, y el mecánico Rafael Santos, ambos bajo investigación por fraude procesal. El ‘Caso Laura Sarabia’ continúa siendo un tema de gran relevancia en Colombia.